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Por Ricardo Sevilla
La Suprema Corte vuelve a situarse en el ojo de la polémica y se ha enfrentado a una encrucijada institucional: ¿puede el Pleno actual corregir o anular lo que las extintas Salas decidieron en el pasado? La respuesta fue un no rotundo.
En esta ocasión, el caso que detonó está discusión fue el de Juana Hilda González (Caso Wallace), quien tras 19 años en prisión obtuvo su libertad por un amparo de la Primera Sala.
La FGR, capitaneada por el polémico, Alejandro Gertz Manero, intentó revertir esta libertad, pero la Corte determinó que sus fallos son “Cosa Juzgada”, es decir: verdades legales inamovibles.
La impugnación de la FGR -promovida por el propio exfiscal- fue analizada mediante una consulta a trámite, en la que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó si procedía un recurso de revisión contra sentencias dictadas por las extintas Salas al ejercer la facultad de atracción en amparos directos.
Y aunque se votó por unanimidad que las sentencias no se revisan, quedó una “puerta entreabierta” en el Párrafo 52.
Y es que la ministra Lenia Batres, quien ha sido duramente criticada en redes sociales, sugirió que en el futuro se podría discutir la “Cosa Juzgada Fraudulenta”.
¿Y eso qué significa? Que si un juicio fue un engaño total (fraude procesal), la historia podría ser distinta. No obstante, siete ministros se opusieron a mencionar esto. Sin embargo, por un error de procedimiento o tiempos de votación, el texto quedó en el aire.
Algunos críticos sostienen que la sociedad necesita que las leyes sean predecibles.
Y argumentan que si una sentencia de la Corte pudiera cambiarse años después, el sistema colapsaría en una incertidumbre eterna.
Y tienen razón. Porque la “Cosa Juzgada” es el ancla que evita que exista que ocurra un caos jurídico.
La Nueva Corte, aunque ha tenido sus varios desencuentros, se vuelve a anotar una buena decisión. Y es que el rechazo (de siete ministros) al párrafo 52 muestra una resistencia legítima contra la posibilidad de abrir juicios pasados.
