363 lecturas
Por Juan R. Hernández
El sistema educativo de la Ciudad de México comienza a mostrar grietas preocupantes. El acoso escolar ya no es un episodio aislado ni un conflicto menor entre estudiantes: es un fenómeno cotidiano que, de no frenarse, puede escalar a niveles inéditos.
Durante años se construyó la narrativa de que el bullying era un problema casi exclusivo de escuelas públicas, asociado a contextos de marginación o violencia social. La realidad hoy es más incómoda: en planteles privados el acoso puede ser incluso más agresivo y sofisticado. Ahí, algunos alumnos se escudan en el poder económico de sus padres, en la influencia o en la amenaza velada de “hablar con la dirección”, lo que muchas veces inhibe sanciones ejemplares.
Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advierten que 74% de los casos registrados se concentran en alcaldías como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez. No es casualidad: densidad poblacional, desigualdad y presión social agravan el entorno. Pero el problema atraviesa todos los estratos.
Docentes, sobre todo en escuelas privadas, reconocen en corto que los agresores han comenzado a rebasar la autoridad en el aula. La disciplina ya no depende sólo del reglamento escolar, sino del respaldo real que tengan los maestros frente a padres que, en lugar de corregir, justifican.
En el Congreso capitalino hay señales de alerta. Adriana Espinosa de los Monteros (Morena) ha exhortado a reforzar medidas urgentes; Patricia Urriza (MC) impulsó acciones para aplicar de manera efectiva el Protocolo para la Erradicación del Acoso Escolar en escuelas públicas y particulares; y Pablo Trejo (PRD) logró incorporar el concepto de acoso escolar en la Ley de Educación local. Incluso en 2025 hubo un llamado conjunto a SECTEI, la Autoridad Educativa Federal y la Comisión de Derechos Humanos para redoblar la prevención.
Las iniciativas existen. Los discursos también. Pero el bullying no se combate sólo con exhortos. Se requiere autoridad escolar firme, protocolos obligatorios y padres corresponsables. Porque cuando el miedo se instala en el salón, la educación deja de ser un derecho y se convierte en una prueba de resistencia diaria. Y eso, en cualquier escuela —pública o privada—, es inaceptable.
