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Informes de la CNDH y del principal organismo internacional en la materia documentan la expulsión forzada, mientras el Estado mantiene un vacío legal que las deja sin derechos ni reparación
Ana E. Rosete
En México, el desplazamiento interno forzado es un fenómeno ampliamente documentado y, al mismo tiempo, oficialmente invisible. Comunidades completas abandonaron sus hogares por la violencia del crimen organizado, enfrentamientos armados y control territorial criminal, pero el Estado no las reconoce formalmente como personas desplazadas internas, lo que las deja fuera de registros, apoyos y mecanismos de reparación.
A diferencia de otros países con conflictos internos, México no cuenta con una ley federal específica ni con un registro nacional integral de desplazamiento interno. La omisión tiene consecuencias directas: sin reconocimiento legal, las personas desplazadas no existen administrativamente y no acceden a políticas públicas diferenciadas. La ausencia de datos oficiales no es técnica, sino estructural.
Las cifras más completas provienen de organismos externos. El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), el principal observatorio internacional sobre desplazamiento interno, estimó en su Global Report on Internal Displacement 2025 que México acumulaba alrededor de 390 mil personas desplazadas internas por violencia al cierre de 2024. El propio organismo advierte que se trata de una estimación conservadora, debido al subregistro y a la falta de reconocimiento oficial del fenómeno.
A nivel nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado desplazamientos forzados prolongados en distintos estados y ha señalado de manera reiterada la ausencia de censos confiables y de una política pública integral. Sin embargo, el gobierno federal no ha producido una cifra oficial consolidada, pese a la magnitud del fenómeno acreditada por instancias independientes.
Los desplazamientos documentados se repiten en distintas regiones del país. En Aguililla, Michoacán, comunidades completas huyeron por la disputa criminal, con pueblos vacíos durante meses, sin que las familias fueran incorporadas a un padrón oficial ni se garantizara su retorno. En la Sierra de Guerrero, municipios como Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo registraron abandono de localidades tras incursiones armadas y amenazas, casos en los que la CNDH acreditó omisiones de autoridades y ausencia de censos confiables.
Situaciones similares fueron documentadas en Zacatecas, donde comunidades rurales de municipios como Valparaíso y Jerez se desplazaron sin declaratorias de emergencia; en Chihuahua, particularmente en la Sierra Tarahumara, donde comunidades rarámuri huyeron por violencia y control criminal; así como en Sinaloa y Veracruz, donde la huida fue tratada por autoridades como migración temporal o conflicto comunitario, no como desplazamiento forzado, lo que dejó a las víctimas fuera de cualquier política pública específica.
Los casos mencionados se basan en documentación pública de la CNDH, informes del Internal Displacement Monitoring Centre y trabajos de organizaciones civiles y periodísticos. Aunque estas fuentes acreditan desplazamientos forzados en distintas regiones del país, el Estado mexicano no cuenta con un registro nacional oficial, una omisión que mantiene a miles de personas fuera de cualquier política de atención y reparación.
