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El espacio educativo privado permanece cerrado por orden del gobierno municipal de Toluca desde el miércoles pasado, lo que desató la confusión entre los jóvenes
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La actividad académica de la Universidad de la Salud del Estado de México quedó suspendida abruptamente, desde el pasado 5 de diciembre, luego de que los accesos principales lucen cerrados con sellos oficiales colocados por personal del Ayuntamiento de Toluca. El cierre tomó por sorpresa a la comunidad estudiantil, que afronta la etapa final del semestre con tareas atrasadas, clases improvisadas por videollamada y la incertidumbre sobre la validez de sus procesos académicos.
La suspensión presencial detonó preocupación inmediata. “Nos dejaron a medias. Estamos tratando de cumplir, pero nadie explica realmente qué está pasando”, lamentó Daniela Ruiz, alumna de séptimo semestre, quien asegura que el traslado forzoso a plataformas digitales solo aumentó la presión académica.
A pesar de ello, la universidad aseguró mediante un comunicado que el contratiempo responde a revisiones administrativas que según dijeron se resolverán en breve.
Sin embargo, entre profesores y estudiantes circula otra interpretación. Algunos consideran que la clausura excede los asuntos burocráticos y se relaciona con los vínculos del plantel con el exgobernador Arturo Montiel.
“Aquí hay más que trámites. Esta clausura huele a castigo político”, expresó un docente que solicitó reservar su identidad, afirmando que nunca antes habían enfrentado un cierre de esta magnitud.
La afectación también alcanzó a los colonos y comercios cercanos, quienes notaron la ausencia inmediata del flujo estudiantil. “De un día para otro esto quedó vacío. Se siente raro, como si hubieran apagado la zona”, señaló don Efraín Torres, dueño de una papelería cercana. Para los habitantes, el campus clausurado transmite una sensación de abandono y desorden que impacta la economía local y la vida cotidiana.
Familias de alumnos también exigen claridad, la molestia generalizada coincide en un punto: la exigencia de que las autoridades transparenten el motivo real de la clausura y permitan el regreso inmediato a clases presenciales.
