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Por Alfredo Medellín Reyes Retana
La violencia de género es real, dolorosa y persistente. Este texto no busca negar los miles de casos reales y dolorosos de violencia contra las mujeres, sino defender precisamente su legitimidad frente a quienes la usan trivialmente. Defender el verdadero sentido de la lucha feminista implica también denunciar su captura por intereses ajenos a la justicia.
Durante décadas, la sociedad ha exigido —con justa razón— políticas, instituciones y marcos legales que protejan a las mujeres frente a contextos de desigualdad estructural, discriminación y abuso. Sin embargo, lo que en su origen fue una lucha legítima por la dignidad, la seguridad y la equidad, se ha ido convirtiendo, en no pocos espacios, en una ideología instrumentalizada. Cuando se abandona el criterio jurídico, la prueba y el debido proceso para cederle terreno a una narrativa que exige creer ciegamente a quien se dice víctima, sin espacio para contrastar, investigar o cuestionar, se rompe la balanza de la justicia.
Este fenómeno se refleja con especial crudeza en los tribunales familiares de todo el país —y también en varias fiscalías estatales—. Casos abundan en Yucatán, Puebla, Ciudad de México y otras entidades, tal como han documentado periodistas como Alejandro Flores. Padres responsables -porque sí los hay- que cumplen con sus obligaciones, que mantienen una relación sana y amorosa con sus hijas e hijos, que no ejercen violencia de ningún tipo pero que tampoco se dejan mangonear económicamente— son, cada vez con mayor frecuencia, denunciados falsamente como estrategia legal por parte de sus exparejas o de quienes les representan jurídicamente desde despachos privados pero también desde los Centros de Justicia para la Mujer.
La ideología de género, al ser abrazada ciegamente por instituciones que dependen presupuestalmente de esa misma bandera, se vuelve un incentivo perverso para validar sin filtros acusaciones que no siempre resisten el más mínimo análisis objetivo. Mientras tanto, ya se acumulan cinco semanas con el Poder Judicial de la Ciudad de México paralizado, dejando a familias enteras —madres, padres, niñas y niños— sin acceso efectivo a la justicia, y a cientos de casos detenidos en medio de un sistema que, más que resolver conflictos, parece alimentarlos. ¿Alguien ha visto a Rafael Guerra?
Lo que papás —no solo de México, sino de varios países de América Latina y España— han sufrido durante años, lo comienzan ahora a padecer periodistas como Héctor de Mauleón o mujeres mismas como Laisha Wilkins. Así como padres que ejercen su paternidad responsable son falsamente denunciados para obtener ventajas procesales, también comunicadores, analistas y figuras públicas pueden y empiezan a ser señalados para silenciar voces incómodas o evitar rendición de cuentas. En ambos casos, el discurso de protección se usa como arma, no como escudo. Este uso banal y oportunista de una figura que debería ser cuidada por la propia autoridad —por lo que representa en la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia contra la mujer— hoy no solo desprotege a las verdaderas víctimas, sino que normaliza una distorsión jurídica y cultural que erosiona el Estado de Derecho. Si el rumbo no se corrige, la ideología habrá conseguido lo impensable: limitar el derecho a decir la verdad, ejercer la crítica y defender lo más básico de cualquier democracia constitucional: la vida, la libertad y la propiedad. Aguas.
_Desde aquí, mi solidaridad con Héctor de Mauleón y El Universal, el gran diario de México, ante este uso indebido del género e intento de censura disfrazados de justicia._
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