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Según un reporte anual con datos de 2024, el país se colocó como el más violento del mundo para autoridades locales.
POR DIEGO RAYA
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- México es el país más violento del mundo para funcionarios locales, según el reporte anual “Violence Targeting Local Officials”, elaborado con datos compilados durante 2024. La nación tuvo en total, 342 eventos de violencia contra funcionarios públicos, colocándose con diferencia en el primer sitio del ranking.
De acuerdo con el estudio de ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), México se ubicó por encima de naciones con conflictos armados o inestabilidad política, como Myanmar, que registró 305 casos; India, con 272 y Nigeria, con 137 eventos. En América Latina, los países que siguieron a México fueron Colombia, con 74 ataques, y Brasil, con 102.
El tipo de violencia más común en México, según el mismo reporte, fue el ataque directo, que representó el 57.01% de incidentes, es decir, 195 casos. Le siguieron la destrucción o saqueo de propiedad con 16.37% (56 casos); manifestaciones violentas con 12.57% (43); violencia colectiva con 5.55% (19); secuestro o desaparición forzada con 4.97% (17), y otras formas de agresión con 3.5% (12). Esta situación refleja un contexto profundo de violencia en el país, además de un entorno de riesgo particular para quienes ejercen funciones públicas.
“En mi caso todo bien, trato de no meterme en temas ni en zonas que representen un riesgo para mí. En estos asuntos uno debe actuar con cautela; calcular bien dónde, cuándo y qué se dice y hace”, reconoció el diputado Manuel Velázquez Arellano, de Morena, al ser consultado por Diario Basta sobre su experiencia como funcionario en este contexto de violencia.
Según el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), la violencia contra funcionarios locales está vinculada a tres factores principales: la presencia de grupos delictivos que buscan controlar territorios y decisiones políticas; la debilidad estatal a niveles municipales; y la impunidad, que permite que las agresiones no tengan consecuencias legales.
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