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Comunidades originarias de la capital acusan al Ayuntamiento de operar un proceso fraudulento para imponer a una representante nativa afín al grupo en el poder.
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La indignación recorre las comunidades originarias de Toluca tras un nuevo episodio de lo que consideran una burla institucional. La elección para designar a su representante fue, según denuncian, una puesta en escena orquestada por el Ayuntamiento para favorecer a perfiles afines al gobierno en turno, ignorando los principios de participación y autodeterminación que deben regir este tipo de procesos.
Antonia Mejía González, reconocida promotora cultural y defensora del idioma otomí, decidió abandonar públicamente la contienda, visiblemente molesta por lo que calificó como una “farsa legitimada desde el poder”.
La maestra originaria de San Cristóbal Huichochitlán no dudó en señalar directamente a la administración municipal por manipular el procedimiento desde la convocatoria hasta la logística de la jornada.
“Me retiro por dignidad. Lo que están haciendo es elegir por nosotros, no con nosotros”, afirmó ante los medios, acompañada de miembros de distintas comunidades.
Vecinos y líderes comunitarios coinciden en que las reglas del proceso fueron deliberadamente alteradas.
Denuncian que se excluyó de manera arbitraria a la suplente de Mejía, se definieron sedes alejadas y horarios complicados para la mayoría de los habitantes, y se utilizó la maquinaria del gobierno para movilizar a personas externas, ajenas a las comunidades, con la única intención de inclinar la balanza.
“Nos quieren imponer a un representante que no ha pisado nuestras asambleas ni ha hablado una palabra en nuestra lengua”, lamentó Benito Torres, habitante de San Pablo Autopan.
El descontento no es nuevo. La primera convocatoria ya había sido anulada por irregularidades. Sin embargo, lejos de corregirse, los vicios se repitieron. El uso de recursos públicos, el acarreo de votantes y la presión política han encendido el hartazgo.
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