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El senador declaró en su informe oficial ante la Cámara de Senadores “no tener bienes ni vínculos empresariales”, contradiciendo los principios de transparencia de Morena y violando la Ley General de Responsabilidades Administrativas
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, después de distanciarse del PAN, ha buscado integrarse de manera oficial a Morena, a pesar de que miente sobre su información patrimonial, pues en su última declaración ocultó su participación hasta en ocho empresas que el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, lo vincula como socio.
Al inicio de su cargo como Senador de la República, Yunes Márquez presentó su declaración patrimonial ante la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores. En el documento sólo incluyó sus ingresos como legislador, pues afirmó carecer de casas, departamentos, vehículos, además de negar su participación en alguna empresa.
Sin embargo, en las búsquedas del RPC, Miguel Ángel Yunes Márquez, es vinculado como socio de al menos ocho empresas. Estas son Promoagro, S. C. DE R. L. de C.V., que se dedica al comercio primario; el restaurante Mr. Pampas Linda Vista, S.A. de C.V.; las gasolineras veracruzanas Hidrocarburos Imosa, S.A. de C.V.; la minera Agregados Tauro, S. de R.L. de C.V.; la consultora Corporate Linkage, S.A. de C.V.; la importadora de comida Praxislong Pralo, S.A. de C.V.; Grupo Inverproperties, S.A. de C.V., un consorcio de centros comerciales; y la inmobiliaria con actividad en Ciudad de México y la riviera maya Desarrollos Habitania GMB, S.A.P.I.
El hecho de que el senador del PAN ocultara información patrimonial contradice los principios de Morena sobre “no mentir y no robar”, además que contradecir a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Estos lineamientos, señalan que esconder información patrimonial constituye una falta administrativa grave que puede implicar investigaciones de carácter penal. Esto debido a que en el patrimonio de un legislador se pueden detectar indicios de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito o uso indebido de atribuciones como servidor público.
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