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Acusan a funcionaria de Álvaro Obregón de causar accidente y usar su cargo para evitar sanción

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Administrativa trató librarse de un accidente vial al presumir su lugar de trabajo

OMAR MONTALVO

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Javier López Casarín en la alcaldía Álvaro Obregón ha respaldado en varias ocasiones el actuar agresivo de los funcionarios en la demarcación.

En el último caso, el concejal Alejandro Pérez puso en evidencia que una servidora identificada como Paulina Nájera, trató de librarse de un percance vial al mencionar que trabajaba en AO. Además de este incidente, también se enumeran las confrontaciones que han hecho los directivos Humberto López y Juan Carlos Rocha.

De acuerdo con el concejal Pérez Abreu, Nájera Monroy se vio involucrada con un accidente vial que dejó graves heridas a un joven habitante de Álvaro Obregón. Cuando fue confrontada por testigos, alegó que trabaja en la alcaldía.

Según la información pública disponible, es personal administrativo en la demarcación, además que desde 2016 está afiliada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fuerza que representó al alcalde López Casarín en su cargo como diputado federal (2021-2024), y que lo impulsó como candidato en coalición con Morena para Álvaro Obregón.

Además de este caso, también ha provocado la indignación de habitantes obregonenses por la actitud confrontativa de Humberto López Díaz, actual director general de Gobierno. En semanas anteriores tuvo reuniones con ciudadanos que se oponen a la construcción de una Utopía en el Parque Japón. Los retó a reunir firmas para detener el proyecto, pero cuando los ciudadanos las consiguieron, López Díaz se negó a presentarse.

Juan Carlos Rocha Cruz, es director general de Participación Ciudadana. Es recordado por ser colaborador de la exalcaldesa Lía Limón (2021-2024), quién lo dejó operar entre amenazas y cobros como supuesto encargado de un condominio en la alcaldía Miguel Hidalgo. Además, durante las campañas, el candidato a diputado federal Xavier González, lo denunció por agresiones en su contra.

De acuerdo con el Código de Ética, los funcionarios deben actuar con respeto hacia los ciudadanos, por lo que actos similares en dónde evaden su labor del servicio público o se aprovechan de este, puede conducir a amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

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