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Por Juan Hernández
Tras el reciente operativo en el Palacio de Bellas Artes, donde se desalojó a comercios ambulantes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó la acción realizada por la las autoridades de la Ciudad de México, como parte de un “plan de ordenamiento en la Alameda Central”. La mandataria, en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, respaldó al gobierno de Clara Brugada en la implementación de esta medida, reiterando que el objetivo no era criminalizar el comercio informal, sino regularlo para mejorar las condiciones de trabajo y convivencia. “No se puede criminalizar al comercio en vía pública, es gente que se gana la vida. Lo que hay que hacer es un ordenamiento, de tal manera que se pueda convivir (con) este comercio”, enfatizó la Jefa del Ejecutivo Federal. En otro ámbito, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a la abogada Ana Katiria Suárez, acusada de orquestar una presunta red de extorsión con denuncias falsas de violencia familiar y abuso sexual.
Este esquema involucra a funcionarios del sistema judicial, desde peritos hasta agentes del Ministerio Público, quienes, según la denuncia, fabrican pruebas y manipulan casos de divorcio y custodia para presionar a los involucrados. Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan justicia, en un sistema donde la transparencia y la equidad aún brillan por su ausencia. Si algo demuestra este escándalo, es la necesidad urgente de reformar nuestras instituciones para garantizar que el acceso a la justicia no sea un lujo, sino un derecho real para todos los ciudadanos. En una sociedad que lucha por salir adelante, no podemos permitir que los procesos judiciales se conviertan en una herramienta de abuso.
Y finalmente, desde el Congreso federal, en un esfuerzo por proteger los derechos de las personalidades públicas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, el diputado Armando Corona de Morena, a través de una iniciativa, busca sancionar la creación y difusión de audios falsos generados por inteligencia artificial (IA). Esta reforma pretende adicionar el Capítulo III y los artículos 211 Ter y 211 Ter 1 al Código Penal Federal. Corona Arvizu dijo que la propuesta responde al avance de la tecnología de deepfake audio, que permite crear grabaciones falsas que imitan con precisión las voces de personas reales.
