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Recientemente se abrió una carpeta de investigación en su contra, pero su nombre está en la lista de contendientes a la elección judicial 2025 que presuntamente cumplen con requisitos
OMAR MONTALVO
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México. – Uno de los personajes políticos que se inscribió como aspirante de la elección judicial 2025 es Juan José Serrano, que hasta hace unos días era titular de la Secretaría de la Contraloría General (SCG) después de ocupar el cargo durante el sexenio 2018-2024; pero este año, se abrió un expediente en su contra por el delito de prevaricación de la justicia. Esta situación contradice de los requisitos establecidos para un cargo por decisión dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), en el que los contendientes no deben tener investigaciones abiertas.
El nombre de Serrano Mendoza aparece junto al folio de registro RJM-241120-5258 en el apartado de los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Lista de Aspirantes que Cumplen con los Requisitos de Elegibilidad que este diciembre presentó el Poder Ejecutivo Federal para la primera elección de juzgadores.
Desde los tres Poderes de la Unión del gobierno federal, se ha divulgado el discurso de que los aspirantes respeten los requisitos para el proceso electoral del próximo año como la existencia de alguna carpeta de investigación o sentencia, como uno de los más importantes requerimientos.
Este año la Fiscal General de Justicia capitalina (FGJ CDMX) abrió una carpeta de investigación en contra de Juan José Serrano por el delito de prevaricación de la justicia, es decir, dictar resoluciones arbitrarias, a pesar de saber que hay actos de injusticia que retrasan la aplicación de sentencias. Quien dio a conocer este caso fue el ciudadano Ricardo Guerrero, uno de los muchos afectados de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, quién recibió la notificación por parte de la Fiscalía local del inicio de esta investigación.
En el caso del afectado por el Cártel Inmobiliario, una construcción continua a su vivienda en la colonia Américas Unidas, provocó daños a su propiedad por no respetar la separación entre colindancias que marca el Reglamento de Construcción vigente. Acudió a la Contraloría y hasta en cinco ocasiones la institución negó los daños visibles.
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