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Por Sebastián Ramírez Mendoza
Hace un par de días se realizó el penúltimo diálogo nacional sobre la Reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el Presidente Obrador. En este encuentro en Coahuila se presentó un dato muy alarmante: que el 80% de las personas que son representadas por la defensoría pública la califican negativamente, y para que dimensionemos, 7 de cada 10 personas que enfrentan un proceso en México requieren los servicios de un defensor público.
Recordemos que la reforma al Poder Judicial, poder que tiene una deuda histórica inconmensurable con las personas más pobres del país, quienes difícilmente tienen acceso a la justicia, no se limita únicamente a la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sino que busca atender problemas más profundos como lo son precisamente las defensorías públicas. A pesar de que constitucionalmente todas y todos tenemos derecho a una defensa, no es secreto que los servicios de los abogados particulares son impagables para la gran mayoría del Pueblo. Y cuando en un proceso judicial se encuentra en riesgo la libertad o el patrimonio de una familia, no son pocos quienes deciden asumir enormes deudas o despojarse de sus bienes para pagar una defensa adecuada, por más paradójico que resulte esto con la esencia de la labor de los abogados.
Algo que vale la pena mencionar sobre este último foro, fue la participación de personas trabajadoras del Poder Judicial que se oponen a la reforma y que tuvieron el espacio para expresar sus puntos de vista. Es decir, existe una clara intención de diálogo y de apertura para construir en conjunto antes de que inicie la discusión en el Congreso federal. Durante la campaña de nuestra Presidenta Electa, la Doctora Claudia Sheinbaum, se realizaron más de 300 encuentros por todo el país como parte de los Diálogos por la Transformación y uno de los temas centrales fueron los referentes a la justicia. En este eje estuvo a cargo el exministro Arturo Zaldívar, y se retomaron las inquietudes y necesidades de la gente sobre nuestro sistema de impartición y procuración de justicia para integrar el plan de gobierno del Segundo Piso de la Transformación.
Es muy interesante lo que ha sucedido en los diálogos nacionales de esta reforma. Confiamos en que una vez que inicie la discusión formal en septiembre, las y los legisladores de la Cuarta Transformación pondrán por delante las necesidades del Pueblo para que la justicia deje de ser un privilegio para unos cuantos.
