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julio 15, 2024

Voces

Arreando al Elefante | La viuda, la pensión y el suicidio

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Por Ricardo Sevilla

Claudio X. González y Amparo Casar protagonizan un nuevo escándalo que revela, por completo, la maldad que se anida en el corazón podrido de estos personajes.

Y es que Amparo Casar, directora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, tuvo la desfachatez de cobrar, durante años, una pensión que no le correspondía.

Su esposo, Carlos Fernando Márquez, quien, en 2004, era un alto ejecutivo de Pemex, se suicidó.

De acuerdo con la información proporcionada por Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, a Casar no le correspondían las prestaciones que cobró tras la muerte de su esposo.

Y es que se ha revelado que la familia Casar recibió más de 31 millones de pesos, de parte de Pemex.

De hecho, el 28 de octubre de 2004, días después de que Carlos Fernando Márquez Padilla García se suicidó, Carlos Márquez-Padilla Casar, recibió la cantidad de 11 mil 832 mil pesos, tal como puede observarse en el cheque 0067440 emitido por Pemex.

Este hallazgo plantea muchas interrogantes sobre la tragedia personal de Carlos Márquez Padilla, Amparo Casar y Pemex, en épocas de Vicente Fox, quien, en ese momento, era presidente de México.

Y es que lo que hizo Amparo Casar: exigir una pensión para ella y para sus hijos cuando su esposo murió al arrojarse del doceavo piso de la torre de Pemex exhibe a esta persona como una desalmada, por decir lo menos.

De entrada, la muerte fue catalogada como suicidio y eso significaba que le iban a negar el pago a la señora Amparo. La señora, por cierto, exigió (y recibió) el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios la pensión pos mortem, la pensión para ella y para sus hijos.

Y todo eso lo solicitó antes de que siquiera existiera un dictamen pericial. Pero ¿sabe qué es lo más dramático de todo? Que, en ese momento, los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, a sabiendas de que no lo fue.

Octavio Romero Oropeza, reveló que Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín visitaron, en ese entonces, al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen. Y eso, de comprobarse, es un delito, un delito que se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias.

 

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