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SEBASTIÁN RAMÍREZ
“Se está encubriendo un feminicidio y en la Ciudad de México no habrá impunidad”, eso dijo Claudia Sheinbaum en noviembre del año pasado cuando se dio a conocer que el peritaje sobre la causa de muerte de Ariadna Fernanda había sido erróneo y alterado por la Fiscalía de Morelos de Uriel Carmona.
Como sabemos, el caso fue presentado por la Fiscalía de la Ciudad de México a la Fiscalía General de la República para juzgar a Carmona por el encubrimiento de Rautel N, el presunto feminicida, razón por la que hace unas semanas fue detenido en Morelos. Los intentos desde las más altas esferas del Poder Judicial para liberarlo no fueron pocos y hace unos días lo lograron, Uriel Carmona salió del penal del altiplano. Este lunes desfiló por varios medios de comunicación presumiendo su fuero, pero sobre todo, su impunidad mientras se reincorpora en su puesto.
Es escandaloso que una persona capaz de sostener una versión falsa y revictimizante sobre la muerte violenta de una joven para proteger a su feminicida, sea responsable de procurar la justicia de un estado; como es escandaloso que la Suprema Corte de Justicia tenga hoy más de medio millón de asuntos pendientes y priorice la defensa de Uriel Carmona sobre tantos casos de injusticia de los que ciudadanas y ciudadanos sin su misma red de contactos, son víctimas en México, mientras sus expedientes descansan cómodamente en los archivos del Poder Judicial.
La deuda histórica que el Poder Judicial tiene con el Pueblo de México es inconmesurable. Existen casi 100 mil personas privadas de su libertad desde hace décadas sin recibir una sentencia, personas que no se apellidan Collado o Carmona.
