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Juan R. Hernández
Ciudad de México.- El cobro de piso y el chantaje no dan tregua a comerciantes, empresarios y familias en las alcaldías Iztapalapa, gobernada por Aleida Alavez; Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega; y Miguel Hidalgo, bajo la administración del panista Mauricio Tabe.
Según el informe Comportamiento de la extorsión por regiones económicas 2015-2026, publicado por México Evalúa, la Ciudad de México promedia 13.91 víctimas por cada 100 mil habitantes. La cifra duplica la media nacional de 6.36 y coloca a la capital en el octavo lugar del país con mayor afectación.
En números absolutos, Iztapalapa encabeza la lista con 228 víctimas registradas entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una tasa de 12.7 por cada 100 mil habitantes. Por su parte, la Cuauhtémoc registra 185 casos, pero su tasa se dispara a 34.7 por cada 100 mil habitantes debido a la alta concentración del delito en zonas como el Centro Histórico, sus mercados y sus corredores comerciales. Miguel Hidalgo también se ubica entre las demarcaciones más golpeadas.
El documento señala que los reportes de extorsión en la capital se triplicaron entre 2024 y 2025, y mantuvieron niveles altos a lo largo de 2026. La organización aclara que parte de este repunte puede responder a ajustes en las plataformas de registro y denuncia.
A nivel nacional, los primeros nueve meses del año sumaron 8 mil 551 víctimas, un nivel 65% superior al reportado en 2015.
Sin embargo, el alcance real del problema es mayor, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, indica que el 97.5% de las extorsiones cometidas durante 2025 no se denunciaron ni se abrieron carpetas de investigación.
Al respecto, México Evalúa advierte que una baja en los homicidios no se traduce automáticamente en mayor tranquilidad para la población, ya que los grupos criminales suelen mantener sus ingresos a través de la extorsión.
Ante este escenario, la organización urgió a reforzar el trabajo de inteligencia, garantizar la protección de los denunciantes y desarticular las redes de cobro de piso que operan en los negocios de la ciudad.
