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SEBASTIÁN RAMÍREZ MENDOZA
La semana pasada se dio a conocer en Sin Embargo un reportaje sobre el nuevo entramado de corrupción de Xóchitl Gálvez, se trata de otro desarrollo inmobiliario, pero esta vez sobre su residencia particular.
De acuerdo con lo documentado por la periodista Daniela Barragán, la aspirante del PAN a la Presidencia de la República autorizó, cuando era delegada de Miguel Hidalgo en 2017, el desarrollo de un complejo residencial de lujo en la colonia Reforma Social valuado en 75 millones de pesos. Al terminar la construcción, la siguiente administración negó la Autorización de Uso y Ocupación, por encontrar irregularidades que no coincidían con los planos presentados en un inicio. No obstante, en el 2021 sabiendo que el inmueble es ilegal, la señora Gálvez adquirió una casa en el complejo por 9.8 millones de pesos, con un gran descuento, pues actualmente el valor comercial de esa casa es de 15 millones de pesos.
Gracias a la investigación se pudo conocer que la empresa que desarrolló el complejo es, a su vez, clienta de una de las empresas de tecnología de Xóchitl Gálvez y su familia. Este punto es clave para entender el modus operandi de la panista y el Cártel Inmobiliario que instaló en la alcaldía Miguel Hidalgo. A diferencia del Cártel de Santiago Taboada en Benito Juárez que intercambia departamentos de lujo en grandes desarrollos a cambio de permisos de construcción, Gálvez intercambiaba estos permisos por contratos a sus empresas.
Sin duda el reportaje esclareció un caso más de corrupción y evidente conflicto de interés que caracterizan a Xóchitl Gálvez, sin embargo, la aspirante dio al menos tres versiones distintas como respuesta a su escándalo. Primero trató de responsabilizar al Presidente López Obrador, después a Claudia Sheinbaum, y finalmente dijo que Morena estaba tratando de quitarle su casa. Es importante que no se confunda, no se pretende quitarle a nadie su casa, lo que sí le debe a la gente si aspira a gobernar este país, es una explicación sobre la larga lista de corruptelas y enriquecimiento del que se hizo a costa del servicio público. Desde ahora advertimos que la explicación no va a llegar y lo único que recibiremos serán versiones de victimización y más opacidad.
