Organización cercana a X. González se ampara contra libros de texto

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De acuerdo con la asociación, los materiales educativos están alejados de los propios lineamientos establecidos en el plan de estudios de la Federación

REDACCIÓN
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la solicitud de amparo que emitió la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para evitar la distribución de los libros de texto elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La petición de La UNPF se debe a que, aseguran, los materiales elaborados por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), no se apegan a los parámetros del plan de estudios oficial.

La Unión Nacional de Padres de Familia es una organización surgida en 1917 y se autonombra defensora de los derechos de los padres de familia para intervenir en la instrucción académica de sus hijos por sus creencias, está ligada, según se sabe, a la derecha mexicana.

El amparo fue promovido por Mariana Calderón Arámburu, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, agrupación próxima a Claudio X. González Guajardo, quien, de acuerdo a la información de su propia página web, ostenta el cargo de consejero.

En su solicitud se pide que el máximo tribunal del país intervenga para que impida la impresión y posterior distribución de los libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2023-2024, del nivel primaria de educación básica, para segundo, tercero, cuarto y quinto grado.

Esta es la segunda petición que la Suprema Corte recibe sobre el tema, puesto que anteriormente la misma dependencia federal solicitó un amparo ante la medida cautelar que se le impuso.

Fue el pasado lunes cuando Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, dictaminó un plazo de 24 horas tanto a la SEP como a la Conaliteg para que acaten la suspensión definitiva emitida.

Una vez que se dio a conocer la intervención del tribunal más elevado del país, legisladores del bloque opositor exigieron a las autoridades educativas federales detener la entrega, puesto que, según su versión, el gobierno federal trata de imponer una ideología a través de éstos.