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Ana María Vázquez
Tras la escandalosa resolución de los jueces en los casos de Rosario Robles y Cabeza de Vaca, la FGR declaró que integrará carpetas de investigación contra los jueces responsables de resolver en favor de los imputados. Los abogados del caso Rosario Robles ya estaban señalados por tráfico de influencias, ¿por qué continuaban en el puesto? El Consejo de la Judicatura ha sido enterado de todos los casos y conserva la relación de todas las denuncias hechas a los servidores públicos tanto en este como en otros casos; aunado a ello, la coincidente entrada de la magistrada Piña con varios de estos casos en los que el acusado es exonerado, plantea la urgente necesidad no solamente de que la FGR o el Consejo de la Judicatura actúen, sino que realmente se limpien y desinfecten los diversos mandos del poder judicial, tan corrupto que al día de hoy, varios elementos que estaban con García Luna, aún permanecen en él.
Las prácticas que se asentaron desde hace años en la impartición de justicia no han desaparecido, por el contrario, continúan la apatía, la extorsión, el solicitar dinero para “copias”, para darle un “regalo al juez” y que el caso se “mueva” continúan y se han reforzado no obstante los teléfonos y buzón de quejas instalados en todas las agencias del ministerio público. Hasta hoy no encontré un solo caso en el que una queja ciudadana haya tenido una salida favorable.
El poder judicial es la pata más reumática de un elefante que no obstante todo, ha permitido al actual gobierno implantar las bases para una transformación real, sin embargo, esta asignatura pendiente de un poder que tiene el noble propósito de impartir justicia está paralizada, estancada y con una corrupción que va, repito, desde los magistrados hasta el policía de la esquina. Urgente y grave, sin embargo, en este resurgimiento de cenizas que está sucediendo actualmente en el país, lo único que debemos exigir como pueblo a la siguiente administración es que se dé un golpe en la mesa firme, definitivo y contundente, que obligue a los impartidores de justicia a realizar su trabajo de forma honesta, equilibrada y de acuerdo con el derecho, no de acuerdo con artimañas y argucias legaloides.
No solo es barrer, sino limpiar a fondo y desinfectar un poder que tiene que marchar de acuerdo con la justicia y no con los intereses personales o económicos de unos cuantos.
