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El análisis de dicho registro derivó de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considerar que se violaban derechos fundamentales de las personas
Redacción Grupo Cantón
Nuevamente la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) está en el ojo del huracán luego de que los ministro declararon inconstitucional la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, como proponían reformas al Código Penal de la capital del país.
Durante la realización del pleno de la SCJN, con ocho votos a favor se consideró que este padrón de agresores sexuales “violaría la presunción de inocencia, dificulta la reinserción social, expone preceptos como la protección de datos personales”.
El análisis, que tomó dos días al pleno del Supremo mexicano, derivó de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al considerar que se violaban derechos fundamentales de las personas que se pretendían incluir en dicho padrón.
Cabe señalar que este registro formaba parte de una serie de reformas que aprobó el Congreso de la Ciudad de México en 2020 a las leyes de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del código Penal de la capital mexicana.
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Además, este padrón integraría una lista de personas sentenciadas por delitos de feminicidio, violación, abuso y acoso sexual contra menores de 12 años, así como a quienes realizaran actividades como trata de personas y turismo sexual de niños y adolescentes.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, defendió que “podría servir como instrumento público para la investigación y prevención”, aunque de cara a la sociedad reitera un juicio de valor negativo, por lo que se pronunció en contra.
En contraste, el ministro Arturo Zaldívar señaló que este Registro Público de Agresores Sexuales no impone una pena adicional, sino que ayuda a prevenir y salvaguardar los derechos e integridad de las mujeres mexicanas frente a estos delitos.
Por su parte, los ministros Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz se manifestaron en contra por violar conceptos como la presunción de inocencia, derecho penal del acto, reinserción social, así como por ser inconstitucional.
En tanto, la ministra del Supremo mexicano Loretta Ortiz refirió que no existe evidencia de que mecanismos como un Registro Público de Agresores Sexuales ayude a inhibir este tipo de crímenes, mientras que la ministra Margarita Ríos alegó que ayudaría para empoderar la denuncia por parte de víctimas de delitos sexuales.
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