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Miguel Ángel Rivera
“La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente. Un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta”, así dice Amnistía Internacional.
Esta declaración viene al caso porque estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero, fueron detenidos cuando participaban en una protesta relacionada con la desaparición de 43 alumnos de ese centro de estudios hace ya siete años.
Como es usual, las protestas incluyeron la “toma” de casetas de peaje sobre la autopista México-Acapulco.
La aprehensión resultó notable porque hasta ahora los gobiernos federal y estatal han cumplido su promesa de no reprimir las manifestaciones. Lo que sucede es que los normalistas
viajaban en un vehículo robado y sólo fueron detenidos unas horas, pues sus compañeros hicieron una nueva protesta y lograron su liberación.
Sin embargo, ese suceso debe dejar lecciones, ya que el ejercicio de un derecho no es patente para violar la ley. Allí está el evidente delito de un vehículo robado y, segundo, es de tener en cuenta que, en su último día de sesiones de diciembre del año recién concluido, el Senado ratificó una ley, anteriormente aprobada por los diputados, que convierte en delito la “toma” de casetas de peaje.
Esa reforma no entra en vigor todavía porque no ha sido promulgada por el Ejecutivo, pero más vale que los protestantes la tengan en cuenta para evitarse futuros problemas.
La libertad de expresión y el derecho a la salud. Otra expresión de inconformidad con decisiones de la autoridad y de ejercicio de la libertad de expresión se registró hace unos
días, en Tlaxcala donde el gobierno estatal, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, surgida de Morena, decidió exigir a sus ciudadanos presentar constancia de haber sido
vacunados.
Esta decisión provocó inconformidad entre los enemigos de las vacunas – que los hay -, quienes salieron a las calles a expresar su inconformidad e iniciaron juicios de amparo para oponerse a esa restricción que consideran viola sus derechos fundamentales. Por lo pronto, 350 personas lograron la protección de la justicia.
Como es evidente, estamos ante un conflicto de derechos fundamentales, pues las autoridades están obligadas a cuidar la salud de los ciudadanos, compromiso que se acentúa por
lo contagioso de la nueva variedad del virus.
El doble lenguaje en las relaciones internacionales.
Como comentamos el viernes anterior, el gobierno de los Estados Unidos envió a su secretaria de Energía, Jennifer Granholm, oficialmente para conocer más de los alcances de
la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad para expresar las inconformidades de los empresarios de esa nación, quienes temen
resultar afectados en sus inversiones.
Por supuesto, esto no lo dijo la funcionaria durante su estancia de dos días, pero en cuanto regresó a Washington admitió abiertamente haber expresado a funcionarios mexicanos la
preocupación de Washington por el posible impacto negativo de esas reformas energéticas, las cuales podrían “obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en
materia de energía limpia y clima”.
En nuestro país también hubo repercusiones. La dirigencia nacional del PAN pidió que las reformas actúen en favor de las energías limpias y más baratas, protección
a la salud, cuidado del medio ambiente y propiciar las inversiones productivas porque tal como está la propuesta generaría un altísimo costo económico, ambiental y social para los
mexicanos.
