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Salvador Trejo
La aprobación de la Ley Ingrid que llevaron a cabo los legisladores de la Cámara de diputados mexiquenses es, sin duda, un golpe bajo a la libertad de expresión, pues ahora resulta que como comunicadores podríamos alcanzar una pena de hasta 11 años de chirona si difundimos imágenes o información de víctimas.
Si se trata de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, las penas van hasta 9 años y hasta 11, cuando sean cometidos por servidores públicos y que filtren imágenes de víctimas.
Estor de acuerdo con los diputaibols que la revictimización no puede
volverse costumbre, pero nosotros los comunicadores solamente nos limitamos a informar y si conseguimos imágenes e información de cualquier forma es parte de nuestra misión periodística, por lo que el hecho de que se nos amenace con castigarnos con botellón, también es un atentado contra la libertad de expresión.
Que recuerden los diputados que muchas veces las imágenes e información que nosotros difundimos ha servido para que se esclarezcan los casos y que muchos crímenes no queden en la impunidad; además de que muchas otras veces son los mismos familiares de las víctimas los que, desesperados ante la falta de justicia, filtran las imágenes e información para ejercer presión a las autoridades y que no les den el clásico carpetazo a los casos.
Eso de que nos cataloguen a todos los medios como amarillistas por publicar tal o cual imagen, se me hace totalmente fuera de lugar. Es más indignante no hacerle caso a las víctimas y que muchos feminicidios queden impunes porque simple y sencillamente no se investigan. Ahora sí se pasaron de ver…as.
