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Esteban Durán
Grupo Cantón
Ante las presiones por parte de Estados Unidos y Canadá, para que en el Tratado de Libre Comercio (TMEC) incluya una supervisión de esos dos países sobre la aplicación de las leyes laborales mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un rotundo no.
”Inspectores no, dijimos que no”, expresó el mandatario sobre el punto que reclaman legisladores demócratas estadunidense y que frenó de cierto modo la ratificación del acuerdo en los dos países del norte.
“México acepta, en cambio, resolver eventuales controversias con paneles de especialistas propuestos por los países en condiciones de igualdad”, manifestó López Obrador en durante la conferencia diaria en Palacio nacional y admitió las complicaciones en la negociación, que asoció al proceso electoral en Estados Unidos.
Añadió que los demócratas impulsaron la propuesta bajo el argumento de que, si bien aceptan la convicción del gobierno actual de aplicar la reforma laboral, que prevé mecanismos de democracia sindical, querían garantías a largo plazo.
En lugar de inspectores extranjeros, México planteó el esquema de paneles específicos que atendieran los casos cuando haya presunción de que hay irregularidades en los esquemas de organización sindical, señaló el mandatario.
Se refirió a Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, como un excelente negociador, conocedor del tema, por lo que sabe con claridad qué se acepta y qué no y expuso que sobre el mismo asunto hay visiones diferentes entre sindicatos y empresarios mexicanos.
Las organizaciones empresariales consideran que este esquema pudiera utilizarse como un pretexto para obstaculizar las inversiones en México y retener los empleos en Estados Unidos, mientras que los trabajadores creen que es una garantía para que realmente se cumpla lo que está en la ley.
El mandatario confió en que se avance en las negociaciones para lo cual dijo que ya envió una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, en la que se describe que México cumplió el compromiso de garantizar los recursos presupuestales para el gobierno federal, el Poder Judicial y los gobiernos estatales para instrumentar la reforma.
Confió en que la propuesta de los paneles y las gestiones de Seade allanarán las objeciones estadunidenses.
Dijo que, de ser aceptada la propuesta por la contraparte, se abriría un espacio para consultar al Senado mexicano para avalar este nuevo esquema, porque al final de cuentas sería un adendum al Tratado, que debe aprobar esa instancia legislativa.
