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CIUDAD DE MÉXICO.- La limpieza de corrupción del nuevo régimen avanza. Y una muestra clara, es la reciente renuncia de Carlos Romero Deschamps a la secretaría general del STPRM, para hacer frente a las denuncias en su contra.
El combate a la corrupción se convirtió en el punto central de la campaña del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, y una vez en Palacio Nacional fue una de sus prioridades.
Tan es así que a poco más de 10 meses de Gobierno, ya han caído políticos y empresarios acusados de operaciones fraudulentas.
El primero de ellos fue Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Altos Hornos de México, quien fue detenido el 28 de mayo de este año en Mallorca, España a petición de la FGR, por un grave daño patrimonial a Pemex. Un mes más tarde, el 5 de julio, la misma Fiscalía informaba que había obtenido órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso Odebrecht.
El 9 de julio de 2019, Juan Collado, abogado de varios políticos envueltos en polémicas, fue detenido en la CDMX por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 13 de agosto el juez Felipe de Jesús Delgadillo vinculó a proceso a Rosario Robles, extitular de la Sedatu por actos de corrupción relacionados con la Estafa Maestra.
