Visitas
Cancelaciones arbitrarias, reembolsos engorrosos y retención de anticipos al cliente y al anfitrión, señalan.
México.- Cancelaciones arbitrarias, reembolsos engorrosos y retención de los anticipos tanto para el cliente como el anfitrión son sólo algunos de los principales problemas que los usuarios de la plataforma de alojamiento Airbnb han experimentado en México.
Por lo anterior la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), inició el año pasado un procedimiento administrativo por violación a diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre los cuales destacan afirmaciones contrarias a lo establecido en los “Términos de Servicio” localizados en la página de internet de esa compañía.
El organismo detectó publicidad engañosa ya que el proveedor señala que presta servicios de reserva de alojamientos y experiencias especiales, de calidad y confort verificados, sin embargo, en sus “Términos de Servicio”, se deslinda de cualquier responsabilidad legal, ya que establece que no crea, vende, suministra, revende, controla, gestiona, ofrece entrega, ni presta, ningún anuncio, ni servicio de anfitrión y los responsables de la prestación del servicio son sus socios comerciales denominados anfitriones.
Además, la Profeco encontró que el proveedor también violó el Artículo 76 Bis, fracción III al no señalar su domicilio físico y teléfonos dentro del territorio nacional, a efecto de que los consumidores tengan fácil acceso para presentar alguna reclamación o solicitar aclaraciones.
Luis Barrios, expresidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), aseguró recientemente que el sector hotelero enfrenta una competencia desleal importante por el fenómeno del alquiler de viviendas particulares con fines turísticos ya que han proliferado sin la certeza jurídica adecuada afectando a una industria formalizada y causando un quebranto fiscal a todos los mexicanos, pues en su mayoría estos establecimientos siguen patrones de informalidad, no obstante que uno de cada cuatro propietarios es dueño de múltiples departamentos o viviendas.
Según cálculos de la ANCH, uno solo de estos jugadores en la industria debería pagar por concepto del Impuesto al Valor Agregado cerca de dos mil 400 millones de pesos de IVA al año, y en realidad está generando a las arcas públicas sólo una pequeña fracción de estas cantidades.
