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El presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, aseguró este viernes que nada es inconstitucional a priori. Esto en defensa del memorándum enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cancelar la aplicación de la reforma educativa.
“Nada es inconstitucional a priori. Quien tenga interés jurídico lo hace valer ante el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad. Si no la hay, la decisión seguirá teniendo validez jurídica”, compartió a través de su cuenta de Twitter.
“Es el caso de la Ley de Seguridad Interior aprobada por la legislatura pasada. Fue inconstitucional hasta que la Suprema Corte así la declaró. A contrario sensu, la Constitución de la Ciudad de México fue declarada constitucional pese a ser impugnada”, argumentó en la misma red social.
El miércoles, López Obrador mandó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, un memorándum para que no apliquen la Reforma Educativa aprobaba en 2013.
Aunque en el documento no menciona las leyes reglamentarias vigentes que se aprobaron en 2013, las cuales soportan los cambios al artículo tercero constitucional, sí dice que se dejarán “sin efecto” todas las medidas “en las que se haya traducido la aplicación” de la Reforma Educativa.
Sobre esto emitieron su postura el jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo General de Abogacía.
A través de un comunicado publicado el jueves, los abogados consideraron contrario a la Carta Magna que un memorándum enviado por el Ejecutivo pida dejar sin efecto la reforma educativa actual, ya que esto implica una transgresión a la protesta que rindió como presidente de guardar y hacerla guardar.
También expuso que funcionarios que cumplan con el memorándum podrían hacerse acreedores a responsabilidades administrativas e incluso penales al impedir la ejecución de la ley en materia educativa.
Por otro lado, la CNDH emitió un documento de seis puntos en el que explica que, al ser la educación un derecho humano reconocido por la Constitución, el Estado debe cumplir con su obligación y proteger este derecho.
También señaló que dejar de aplicar estos contenidos constitucionales genera el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos solo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad”, indica el documento de la CNDH.
