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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) reveló que el grupo de empresarios más ricos del país, así como gente estrechamente ligada a Enrique Peña, fueron los responsables de financiar el documental “El Populismo en América Latina”, con el cual se denostó la imagen del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, lo que fue una violación a las leyes electorales.
En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló algunos nombres de los implicados, como el caso de Alejandro Quintero, quien desde 2007 fue el encargado de crear la imagen de Enrique Peña, como ejecutivo de Televisa, para proyectarlo como candidato presidencial en 2012.
Quintero no dejó de ser el publicista de Peña; en su presidencia obtuvo contratos muy importantes para manejo de su imagen.
Más tarde, en un comunicado, la UIF añadió el nombre de otro implicado: Alejandro Ramírez, propietario de la cadena Cinépolis y en aquellos días presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). También el de Rosario Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Territorial en el gobierno de Enrique Peña.
La UIF detalló que Alejandro Ramírez y el CMN, entre julio y septiembre de 2017, transfirieron 96 millones 900 mil pesos a la Consultoría Digital Conaxis. Este fue el inicio de la triangulación de recursos, porque después Conaxis pagó a la empresa Piña Digital, propietaria de la casa productora La División, encargada de hacer el documental, 18.5 millones de pesos.
Después, en esas triangulaciones de recursos, la misma Conaxis, pagó 34 millones a Martha Matilde Mejía Montes, quien trasladó parte de los recursos a Quintero: 8 millones 360 mil pesos. De esa forma se fue pagando el documental que fue en esencia campaña negra.
Santiago Nieto también refirió otras empresas, cuya propiedad es de Federico Berrueto (socio de Liébano Sáenz en otra corporación y ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo).
Nieto reveló que esta es una red de empresas que sólo sirvieron para triangular recursos públicos, como Bufete de Proyectos, Información y Análisis, que recibió contratos de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que encabezó Rosario Robles.
Bufete de Proyectos también recibió 186 millones de pesos provenientes de la empresa OHL México (la contratista favorita de Peña y Eruviel Ávila). Además, 2 mil 500 millones del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación.
Luego, traslado 47 millones 900 mil pesos a Grupo Tv Promo, propiedad de Quintero.
