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Por instrucciones presidenciales, tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron despedidos y son investigados ante presuntos desvíos e irregularidades en el manejo de recursos públicos en el marco de la llamada estafa maestra.
Se trata de Miguel Ángel Loza Aguilar, actual director de Pemex Producción; Héctor Salvado Castro y Luis Galván Arcos, quienes firmaron contratos con universidades que, a su vez, realizaron subcontrataciones con otras empresas.
“No queremos tener nada que ver con la corrupción”, advirtió ayer jueves de nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras anunciar el despido de los señalados.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló a sus antecesores en la dependencia por exonerar a los acusados, quienes no fueron sujetos de responsabilidad, aun cuando firmaron 25 convenios de los que derivaron desvíos de recursos.
En conferencia, desde Palacio Nacional, denunció que la Secretaría no dio seguimiento a las irregularidades detectadas.
“Los tres fueron exonerados por la pasada administración de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en cuyos archivos no existen registros de que en su momento se le diera el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción”, dijo.
Sandoval aclaró que, aún cuando los plazos administrativos pudieran haber vencido, los delitos no han prescrito desde el punto de vista penal.
Detalló que, el análisis del caso, arrojó que las empresas beneficiadas por recursos públicos están ligadas a los propios funcionarios o personas cercanas a ellos eran socios directos.
“Además, se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos”, indicó.
La funcionaria anunció que iniciarán investigaciones en materia patrimonial para determinar si los responsables incurrieron en enriquecimiento ilícito en los sujetos señalados.
Adelantó que indagarán posible negligencia en el órgano interno de control de Pemex, solicitarán una auditoría a esa misma instancia en Pemex Exploración y Producción, auditarán los convenios posteriores a 2013, aplicarán revisiones aleatorias en la petrolera y presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
