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La mayoría de los politólogos ha concluido que el 1 de julio fue la fase culminante de la resistencia de los mexicanos antisistema.
La purga del aparato burocrático –consustancial de todo cambio presidencial– no alcanza, sin embargo, a los llamados órganos autónomos del Estado.
En estricto rigor, esos entes son componentes del sistema, pero su autonomía sólo puede ser cuestionada en casos excepcionales por las cámaras legislativas de las que depende el nombramiento de sus integrantes, estén aupados bajo la denominación de comisionados o consejeros.
Blindados bajo ese ropaje, vemos a algunos de esos burócratas tentados a suplantar la función del legislador en aspectos básicos de la cuarta transformación, que requieren la sanción del Congreso de la Unión, a su vez titular de independencia frente a otros poderes.
Es el caso del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, quien pretende meter baza en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)
Para decirlo pronto, Contreras es cuate de Felipe Calderón Hinojosa. Compañeros de la Escuela Libre de Derecho, el michoacano lo favoreció con varios encargos, entre ellos el de Director General Jurídico de Normatividad y consulta del IPAB.
El IPAB es el depósito de la podredumbre del Fobraproa. El déficit de esta cloaca se aproxima al billón de pesos. ¿Se puede tener autoridad moral para disfrazarse de defensor de la autonomía editorial, según dice Contreras, amenazada por la LOAPF? Juzgue el lector.
