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SALTILLO, COAHUILA.– Cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador habla del combate a la corrupción y menciona la palabra “cárcel”, una multitud corea espontánea: “Moreira, Moreira, Moreira”. Es la exigencia.
Lo que no se sabe, es a cuál de los Moreira se refieren. “Uno es ratero y el otro más”… “los dos a la cárcel”, responden los gritones cuando se les pregunta. Son hermanos: Humberto, gobernador de 2004 a 2010, y Rubén, el sucesor. Mandatario de 2010 a 2016.
López Obrador acalla esos gritos, en su discurso ante más de 2 mil personas en la Plaza Cívica. Dice que no se va a dedicar a conseguir notas rojas y amarillas en la prensa, por meter a políticos a la cárcel. Tendría que encerrar a 30 al mes, uno diario. “No cabrían en todas las cárceles que hay. No nos vamos a dedicar a eso. Me voy a dedicar a transformar a México”, clama.
Da una noticia: durante los primeros 6 meses de su Gobierno se suspenderán las inspecciones sanitarias, de la Secretaría de Economía y de Procuraduría del Consumidor. Quiere acabar con esas “extorsiones”. Ahora, esas revisiones serán por sorteo.
Entre los acompañantes de López Obrador destacan dos empresarios clave de la región, el país y su proyecto político: Alfonso Romo Garza, quien será jefe de la oficina de la Presidencia de la República, y Armando Guadiana, senador de la República, de aquí, de Saltillo.
“Fue muy buena la reunión que en beneficio de Coahuila”, dice Riquelme, quien en otros momentos ha dicho que la zona libre fronteriza (que reducirá el IVA y el ISR), también provocará que disminuya la recaudación.
Del tema, recibe una respuesta de López Obrador, en público, durante la conferencia de prensa que ofrecen al término de su reunión: “Está demostrado que aumentar impuestos no significa crecimiento económico. Lo acabamos de padecer con la llamada reforma fiscal. Si se bajan impuestos suben las inversiones, hay crecimiento económico y eso genera más impuestos”, explica.
Y otra novedad: Banco Azteca y Banorte ayudarán a la entrega, vía tarjetas de débito, de los programas sociales del próximo Gobierno, que alcanzarán más de 300 mil millones de pesos.
