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El gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, acusó a Andrés Manuel López Obrador de tener responsabilidad penal en el caso de El Encino, un predio expropiado por el Gobierno del Distrito Federal para construir una calle de acceso a un hospital. Fue un episodio en el que estuvo en juego su trayectoria política y en el que a final de cuentas, lo fortaleció rumbo a las primeras votaciones por la Presidencia.
Era mayo de 2004, pero el caso se remonta al año 2000, cuando la jefa de Gobierno era Rosario Robles Berlanga, quien pidió licencia para ir por la silla presidencial en las elecciones. Fue ella quien expropió el predio El Encino, en Santa Fe, Cuajimalpa. En 2001, el propietario se defendió contra la expropiación con un amparo que lo protegía de la construcción de un hospital privado.
Se trata del hospital ABC, en aquel momento uno de los hospitales con mejor equipo médico de América Latina. El caso del juicio, promovido por Fernando Escobedo Garduño con la asesoría legal de Diego Fernández de Cevallos, le revienta a Andrés Manuel. Cuando llegó un amparo federal a favor del propietario del predio, las obras se detuvieron. Sin embargo, los quejosos manifestaron que se había violado el amparo.
López Obrador fue acusado de desobedecer con conocimiento la orden de un juez federal. Por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió un juicio de procedencia en su contra ante la Cámara de Diputados federal el 18 de mayo de 2004. El 17 abril del año siguiente, con 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, los diputados inhabilitaron a López Obrador.
En su discurso, AMLO acusó persecución polí- tica, tramada entre Vicente Fox y Mariano Azuela, presidente de la República y ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para entonces, por este caso, la figura de Obrador creció en preferencias. Los medios y empresas consultoras publicaron encuestas con las que evidenciaron que la aceptación o rechazo al juicio de desafuero dependía de la simpatía que tuvieran los mexicanos y el hecho de que la mayoría no estuviera de acuerdo.
El 20 de abril, la PGR consignó el expediente 34/2005 y solicitó acción penal contra López Obrador como probable responsable del delito de abuso de autoridad. Él se fue a un parque a esperar que le obsequiaran su orden de aprehensión, pues se negó a apelar la resolución, pedir un amparo o pagar una fianza. Pero ese día los diputados panistas Gabriela Cuevas y Jorge Lara pagaron la fianza de dos mil pesos en un acto de “buena voluntad” para evitar que fuera a la cárcel.
AMLO se quejó de que pretendían que de todas formas quedara sujeto a proceso. El 24 de abril se llevó a cabo la marcha del silencio: un millón 200 mil personas se manifestaron del Auditorio Nacional al Zó- calo capitalino contra el desafuero. Andrés Manuel acusó “miedo irracional al proyecto alternativo de país”.
En su discurso de media hora, fijó su posición. ‘’La consigna es inhabilitarme políticamente para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales de 2006. Es obvio que esta decisión arbitraria va más allá del daño que, en lo personal, puedan causarme. Están, como lo percibe la mayoría de los mexicanos, tratando de quitarle al pueblo el derecho a elegir libremente a sus gobernantes”, expresó el 24 de abril del 2004. Al día siguiente, volvió a despachar en sus oficinas del GDF. Había vencido, y fue por primera vez candidato a la Presidencia por las siglas del PRD. Sin embargo, el caso no concluyó formalmente hasta 2011, cuando la SCJN resolvió que se indemnizara a la empresa Promotora Internacional Santa Fe por la expropiación del predio El Encino.
