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El caso del Paraje San Juan provocó que Andrés Manuel López Obrador hiciera uso de sus dotes de historiador. Con documentos del Registro Civil y otros, logró demostrar que el supuesto reclamante, Fernando Arcipreste Pimentel, nunca existió y que había una larga lista de fraudes detrás de las presiones para que el entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF) pagara una indemnización por mil 810 millones de pesos por un predio de 300 hectáreas, en Iztapalapa.
El asunto estalló en medios de comunicación en octubre de 2003, pero ya había pasado por varios gobiernos capitalinos. En este caso, López Obrador reconoce una de las formas más comunes de la corrupción: un quejoso interpone un juicio para reclamar una indemnización por la expropiación de un terreno, por el cual funcionarios y otros interesados ganan en la transacción. Sólo que a diferencia de muchos otros similares, este resultó más que complicado y confuso por tanta falsificación de nombres de abogados, diversos propietarios de una misma familia, habitantes de 12 colonias involucrados que contaban con escrituras de superficies del predio, por lo que llevó al mismo López Obrador a investigar archivos de un siglo atrás.
“Yo tenía antecedentes del asunto, porque empecé a ver que había intereses en el cobro de este dinero”, le declaró Andrés Manuel a Luis Mandoki para el documental ¿Quién es el señor López? Ahí confesó que hasta mandó personas a los panteones a cotejar la veracidad de documentos en un trabajo que lo llevó a completar el árbol genealógico de los Arcipreste desde el siglo XIX. Todo, para saber si el reclamo era legítimo. Y encontró que Fernando Arcipreste no existió.
“A mí me gusta la historia y he trabajado haciendo investigación documental. Conozco cuáles son los documentos de las distintas épocas del país. Por ejemplo, el contrato de compraventa, donde supuestamente ellos habían adquirido estas 300 hectáreas en Iztapalapa, tiene una firma modernísima. Eso no es común para la época, siempre se firmaba –era muy bonito, muy alegórico–, siempre se ponía algo del nombre y algo del apellido. Esto no: eran unas rayas”, explicó.
En medio del escándalo mediático, López Obrador advirtió que no daría marcha atrás en su negativa de indemnizar por una fuerte suma que diezmaría las finanzas de la administración del entonces GDF.
“Estoy dispuesto a asumir las consecuencias y estoy tranquilo, porque no voy a variar mi forma de pensar”, advirtió en una entrevista que concedió el 27 de octubre de 2003, al noticiero radiofónico Monitor.
Ese día, Andrés Manuel también retó a Enrique Arcipreste, quien se ostentaba como nieto del supuesto dueño original del predio, a que exhibiera el acta de defunción de su abuelo Fernando Arcipreste.
Por ese litigio ventilado en medios, el PRD respaldó a AMLO con manifestaciones, como fueron las encabezadas por Clara Brugada, en aquel entonces diputada federal, quien dirigió una de esas movilizaciones al Palacio Nacional para pedirle al presidente Vicente Fox que intercediera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ese día, un perito también confirmó que era falsa la firma del titular del entonces Secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, en un oficio relativo a la propiedad el predio Paraje San Juan, suscrito en 1988.
En el documental de Mandoki, AMLO narra que a él se le llegó a ofrecer, a través de terceros, un “moche” cuando el Poder Judicial le ordenó pagar la indemnización por mil 810 millones de pesos en un lapso de tres días. Aunque eso colapsara las finanzas del GDF. Pero dijo que no. “De ahí surgió la campaña esta de que no respeto las leyes”, agregó.
Posteriormente, la SCJN atrajo el caso y en cuestión de 4 meses demostró que sellos y firmas supuestamente estampados por anteriores administraciones del GDF en los años 40 y 80, eran falsos. Además, había por lo menos doce personas que aseguraban ser los propietarios del predio.
El asunto se resolvió sin necesidad de que la SCJN emitiera una sentencia definitiva. La Secretaría de la Reforma Agraria informó que durante la búsqueda de otros documentos, encontró unos en los que constaba que el predio siempre había sido propiedad federal. Nunca había sido expropiado. El expediente de la propiedad habría aparecido, casualmente, durante la limpieza de un archivo de la dependencia.
“Era un caso emblemático, que se podía mostrar cómo, con influencias, con corrupción, se llega a esos extremos de querer cobrar mil 810 millones de pesos a partir de un fraude”, comentó López Obrador a Mandoki.
“Imagínese si hubiera pagado. A lo mejor hubiesen dicho, ay, qué respetuoso del estado de Derecho. Me hubiera convertido en el cómplice de un fraude”, reflexionó Andrés Manuel ante el cineasta.
