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Las deformaciones de la clase política comienzan cuando se nombran soberanas las entidades federales, que no lo son porque reconocen a un poder superior y se someten a la Constitución General de la República sobre sus propias leyes regionales, y al estimarse que existe una verdadera autonomía entre los poderes de la Unión conformando el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial el gobierno de la República; de allí se estima, erróneamente, que es el primero el superior cundo, en realidad y de acuerdo a sus respectivas funciones, es el Congreso el predominante porque allí se concentran, o deberían concentrarse, los representantes directos de la soberanía popular. Tal es la tesis, no la praxis.
El razonamiento es muy simple: el Legislativo tiene facultades para revocar el mandato de un presidente por casos “graves” o de traición a la patria pero el mandatario no cuenta con instrumentos legales, salvo los del autoritarismo fuera de los considerandos jurídicos, para desaparecer a una Legislatura por resultarle incómoda.
De la misma manera, aunque el Ejecutivo propone, son los legisladores quienes aprueban o no las designaciones de los más altos ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales de relevancia electoral, por ejemplo, e incluso tienen funciones de sobra para acotar a quienes caen en posiciones antidemocráticas o contrarias a los intereses del colectivo removiendo el marco jurídico en busca de una dinámica de futuro más cercana a la sociedad que mantiene la soberanía popular. Por su lado, el Judicial nada puede hacer en contra del Congreso de la Unión.
De allí mi insistencia en considerar como el poder supremo de la nación al Legislativo; sin embargo, por desgracia, los diputados y senadores, sobre todo los de las fracciones mayoritarias y correligionarias del presidente en turno, suelen bajar la cabeza ante su “líder” sin saber que con ello, lamentablemente, se traicionan a ellos mismos para tratar de subir escalones en sus respectivas carreras políticas. El vicio tremendo, obtuso, se ha convertido con el tiempo en un hecho aceptado e incontrovertible.
Lo anterior cobra importancia al calor de los acontecimientos recientes: la casi revuelta de ministros y magistrados por la cuestión de los estipendios muy superiores a los del presidente; y la torpe, maniquea, antidemocrática y vil resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal revalidando los comicios para gobernador de Puebla y colocando a esta entidad en una suerte de aislamiento, contrariando las pruebas evidentes del fraude hasta videofilmadas, del resto de la República donde comienza a respirarse un aire más democrático.
Es evidente que la Suprema Corte debiera ser la última instancia para tratar los delitos electorales y no el Tribunal de marras al que blinda la condición de “inatacable” como si se tratara de la infalibilidad del Papa bajo los siete cerrojos de los Cónclaves y la doctrina.
Éste sí sería un reclamo digno, sólido, contra la tendencia a fortificar más al primer mandatario con un Congreso, por desgracia, bastante sumiso por la mayoría absoluta en manos de Morena y los connatos de chantaje que parecen cerillos ante la hoguera presidencial encendida.
