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El presidente de la República no es TODO el gobierno, ni siquiera el único responsable del Ejecutivo federal cuyas facultades están señaladas en el Capítulo III de la Carta Magna y cernido a éstas sin derivaciones ni declinaciones de ningún género; a diferencia de los ciudadanos, que cuentan con libertad para actuar salvo en aquello que les está señalado en la ley, el primer mandatario y en general cualquier funcionario deben atenerse sólo a cumplir aquello que está específicamente concedido en el documento toral de nuestra vida republicana. En este sentido, claro, el presidente no puede “brincarse” sus límites para replicar las críticas bajo el sustento de ejercer su propia libertad de expresión pues no tiene base constitucional para ello como consecuencia de su elevada función dirigid a los mexicanos, sin excepción ni estigmatizaciones; como mexicano sí cuenta con esta posibilidad sólo si deja la jerarquía que ostenta y se suma a la soberanía popular, superior a cualquiera de los poderes de la Unión. Sé que esta controversia molestará profundamente a los incondicionales del icono de la izquierda pero jurídicamente es irrefutable. De la misma manera, el presidente López Obrador, exactamente una semana después de ser proclamado como tal con la rito de la protesta y la colocación de la banda tricolor –ya con los colores republicanos y no modificados por la derecha insolente con inclusión del priismo–, al ser notificado sobre la validación del fraude electoral en Puebla, en los comicios para gobernador porque en los demás arrasó Morena y no el PAN en decadencia, se limitó a decir que acataba la decisión aunque la consideraba “equivocada y antidemocrática”. Esto no es aceptable, bajo ningún razonamiento, porque atentar contra la democracia y equivocarse bajo influencia de terceros, en este caso el execrable senador Rafael Moreno Valle cuya consorte hereda el cargo de gobernador como cajita de resonancias, es sencillamente atentar contra los sustentos básicos de la República y, más aún, de la llamada “cuarta transformación”. En el caso anterior debe actuarse con rigor, por iniciativa presidencial o la de algún legislador, para modificarse el marco jurídico, llamar a cuenta a los magistrados contaminados, estructurar y aprobar a un nuevo modelo de control y finiquitar la condición de “inatacables” para las actuaciones del mismo. Tal sería el procedimiento, a menos de que debajo de la mesa haya acuerdos inconfesables. Por último, me indispone que quien declaró “inimaginable” el grado de corrupción registrado en Baja California, opte por solicitar a su gobernador sumarse al cambio y no iniciar el procedimiento para la declaración de desaparición de poderes de la entidad cumpliendo así la perspectiva analizada ya sobre la asfixiante inmoralidad de las fuentes del poder estatal. Hay muchos otros asuntos –Oaxaca, Veracruz, Nayarit–, de los que habremos de hablar aunque me tilden de impaciente o incluso de estar supeditado a otras fuentes. Cuando las riendas del poder están en manos del legítimo presidente, sus aduladores son los oficialistas y chayoteros, según el argot, y no cuantos hacemos labor de contrapeso.
