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Las distorsiones son permanentes, dolorosas. Y se repiten como muestra de la resistencia operativa de caciques y mandamases. No hay voluntad política de cambio sino afanes protagónicos encaminados a la conquista del poder o la conservación del mismo a costa de una sociedad inducida y, por ende, manipulable.
Uno de los ejemplos mayores de la permanencia de los vicios la tenemos en la trayectoria política y diplomática de algunos personajes protegidos por el establishment. Uno de ellos, Eduardo Ibarrola Nicolín, designado en 2007 embajador en Guatemala tras haber ocupado cargos relevantes en la Secretaría de Relaciones Anteriores y la jefatura de la Cancillería en Washington por designación del régimen foxista, acuñó el “síndrome Ibarrola” gracias al cual se empantanaban las extradiciones de personajes de renombre –incluso mafiosos y fugitivos–,hasta que se encontraba una salida ideal: retornarlos acusados por delitos menores y sin posibilidad, de acuerdo a los tratados internacionales, de ser sometidos a otros juicios por sus faltas graves.
Así, por ejemplo, el ex regente Óscar Espinosa Villarreal, uno de las figuras claves del periodo zedillista, fue extraditado para no pisar, ya en México, la prisión luego de haber sido detenido y confinado en Nicaragua acusado por malversar 420 millones de pesos. Pese a ello, al asegurarse su retorno en México, fue absuelto de todos los cargos en su contra a pesar de múltiples auditorías que le hundían. Como este caso hubo otros –por ejemplo el de Ángel Isidoro Rodríguez “El Divino”, liberado también de las acusaciones en su contra apenas llegó a territorio nacional–, fraguados por el intocable “diplomático” Ibarrola.
Tal es, sin duda, una de las pruebas mayores de la continuidad –o el continuismo– que pervive en el sistema político mexicano: la reválida, digamos “institucional”, de quienes han hecho las tareas sucias.