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Por Ana E. Rosete
Grupo Cantón
La política de vivienda social en la Ciudad de México enfrenta un desafío que va más allá de construir departamentos: garantizar que las personas de menores ingresos puedan acceder a un patrimonio mediante mecanismos financieramente viables, transparentes y socialmente responsables.
En ese contexto, es importante entender el papel que desempeñan las asociaciones civiles que promueven proyectos ante el Instituto de Vivienda (INVI). No son simples intermediarias ni pueden operar al margen de las reglas. Para participar deben estar legalmente constituidas e inscritas en el padrón del instituto.
El modelo funciona mediante la organización colectiva. Las asociaciones identifican terrenos, gestionan su adquisición o expropiación e incorporan a personas adherentes, quienes realizan aportaciones para cubrir el costo del predio, estudios, proyectos ejecutivos, obras inducidas, conexiones hidráulicas y otros gastos relacionados con la construcción.
El INVI, por su parte, subsidia el proceso constructivo, sujeto a supervisiones y auditorías sobre los avances de obra. Una vez que los beneficiarios reciben su acción de vivienda, deben cubrir el financiamiento que el instituto les otorgó para edificar.
Esto explica por qué el acceso no necesariamente comienza con una solicitud individual. Aunque cualquier persona puede acudir al INVI e incorporarse a un proyecto, la capacidad presupuestal y operativa del organismo hace que la organización colectiva sea una alternativa para desarrollar vivienda.
Los requisitos también deben quedar claros: ser residente de la Ciudad de México, percibir ingresos inferiores a dos salarios mínimos y acreditar el estudio socioeconómico que realiza el instituto.
La discusión de fondo no debe centrarse en descalificar la participación de las asociaciones, sino en fortalecer los mecanismos de supervisión, transparentar las aportaciones de los adherentes y garantizar que los terrenos y proyectos cumplan con la normatividad.
La vivienda es un derecho y una de las principales herramientas de inclusión social. Por ello, el modelo requiere organizaciones responsables, instituciones con capacidad de vigilancia y ciudadanos informados. La política pública no termina cuando se asigna un departamento: también debe garantizar que el camino para obtenerlo sea legal, accesible y libre de abusos.
