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Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) descartó la existencia de investigaciones federales por tráfico de armas contra el empresario Sandalio Sainz de la Maza Zuñiga, de acuerdo con información oficial emitida en octubre pasado.
Dicha conclusión consta en un informe con fecha del 27 de octubre de 2026, elaborado como parte de las diligencias ministeriales relacionadas con la presunta falsificación de documentos oficiales utilizados para simular procedimientos administrativos contra particulares y empresas de seguridad privada.
En el documento, la Policía Federal Ministerial precisó que no existen registros de investigaciones ni carpetas a nivel federal contra Sainz de la Maza. La misma conclusión fue reportada respecto de Óscar Humberto Bistrain Tenorio y Christian Pablo Varela Escobedo.
La información coincide con un oficio emitido el 13 de octubre por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (FEITATA), adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En el documento FEITATA-A-EILI-C6-139/2026, la autoridad precisó que Sainz de la Maza Zuñiga, así como las empresas de seguridad privada Serprosep y Armour King, no figuran como investigados, imputados o víctimas dentro de la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024.
Los informes fueron obtenidos en el marco de una investigación iniciada después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno denunciara, en agosto de 2026, la utilización de un oficio apócrifo que simulaba revisiones administrativas contra Serprosep, Armour King y cuatro personas físicas.
El documento falsificado utilizaba indebidamente los logotipos de la dependencia y una firma atribuida a su titular, Raquel Buenrostro Sánchez, con la finalidad de obtener dinero a cambio de detener los supuestos procedimientos.
La denuncia fue presentada por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director general de Asuntos Penales Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
A partir de estos hechos, el Ministerio Público Federal abrió una carpeta de investigación y solicitó información adicional sobre los particulares mencionados, lo que derivó en las respuestas oficiales del 13 y 27 de octubre.
