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Redacción
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recomendó al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) rechazar un crédito de hasta 4 mil 200 millones de pesos solicitado por Servicios Broxel, empresa de Gustavo Gutiérrez Galindo, que obtuvo contratos con dependencias federales, estatales, municipales y autónomas por más de 32 mil millones de pesos y aún debe reintegrar pagos en exceso. La dependencia señaló posibles irregularidades en esas operaciones y advirtió sobre los riesgos financieros que asumiría el banco si autoriza el financiamiento.
Documentos oficiales a los que tuvo acceso este medio revelan que la advertencia quedó asentada en el oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre de 2026 y dirigido al Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de Bancomext. En el escrito, el Órgano de Vigilancia señala que Broxel obtuvo contratos con más de 150 dependencias públicas después de ganar la licitación pública LA-06-400-006400001-N-19-2025 para el suministro de vales electrónicos de despensa de fin de año de 2025, pero celebró esos acuerdos bajo condiciones distintas a las que presentó en su oferta original.
De acuerdo con el documento, esta situación provocó que la empresa recibiera recursos públicos en exceso. Además, mantiene pendiente la devolución de aproximadamente 29.4 millones de pesos a 39 instituciones de la Administración Pública Federal, pese a los requerimientos oficiales para recuperar los pagos.
La S lolecretaría a cargo de Raquel Buenrostro consideró que tanto la falta de reintegro como la modificación de las condiciones ofertadas podrían constituir infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por estos hechos, informó sobre una investigación abierta y procedimientos administrativos que todavía siguen en trámite.
Las investigaciones podrían derivar en sanciones para Broxel, incluida la inhabilitación para participar en nuevas contrataciones públicas. El organismo advirtió que una eventual restricción afectaría una de las principales fuentes de ingresos de la compañía y comprometería su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
El riesgo cobra relevancia por la dependencia de la empresa de los recursos públicos. El oficio detalla que sus contratos con dependencias representaron ingresos de entre 6 mil 928.7 y 9 mil 751 millones de pesos durante 2025. En la Ciudad de México, los montos oscilaron entre mil 795 y 3 mil 591 millones de pesos. Ante una posible inhabilitación, el Órgano de Vigilancia advirtió que no existe garantía de que Broxel pueda cubrir el financiamiento solicitado.
Otro de los señalamientos se refiere a un posible conflicto de interés por el parentesco consanguíneo entre Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Servicios Broxel, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este último ocupó el cargo de director general adjunto en Bancomext de febrero de 2019 a septiembre de 2021 y conserva una licencia sin goce de sueldo en el banco, por lo que mantiene una relación laboral con la institución que analizaría la solicitud de crédito.
Los cuestionamientos sobre Broxel no surgieron con la solicitud de crédito. En diciembre de 2025, la empresa ya enfrentaba señalamientos por su participación en la licitación consolidada para distribuir vales electrónicos de despensa a trabajadores de 206 dependencias y entidades federales, cuyo monto máximo ascendió a 10 mil 338 millones de pesos.
El 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisar el procedimiento e informar sobre sus resultados. Un día después, la dependencia confirmó que daba seguimiento a las inconformidades y a las posibles responsabilidades administrativas relacionadas con el proceso.
La advertencia que hace Anticorrupción coloca bajo revisión no solo la viabilidad del crédito, sino también los antecedentes de Broxel como proveedora del Gobierno federal. La decisión de Bancomext deberá considerar los recursos que la empresa aún debe reintegrar, las investigaciones administrativas en curso y los posibles efectos de una sanción sobre su capacidad de pago.
