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REDACCIÓN
GRUPOR CANTÓN
Ciudad de México.- El escándalo por los contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE) se mantiene las exigencias desde todos los frentes, pues el Partido Acción Nacional (PAN) exigió ampliar las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de materiales y servicios electorales, luego de que investigaciones periodísticas revelaran que empresas relacionadas obtuvieron contratos por aproximadamente mil 803 millones de pesos en organismos electorales de al menos 17 entidades del país; mientras que, con miras a las elecciones de 2027, la revisión del T-MEC y la creciente polarización política, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) llamó a impulsar una agenda de impacto nacional orientada a fortalecer la democracia, la confianza en las instituciones y la participación ciudadana.
El dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, advirtió que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE no debe convertirse en un mecanismo para cerrar el caso ni dejar sin revisar las adjudicaciones realizadas durante su gestión.
Entre las empresas señaladas se encuentran Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, vinculadas al grupo empresarial de José Alfredo Hernández Casillas. Sus operaciones forman parte de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y los procedimientos utilizados para asignar contratos en distintas autoridades electorales.
Acción Nacional demandó esclarecer si existieron adjudicaciones irregulares, simulación de competencia o conflictos de interés entre funcionarios y proveedores, además de identificar posibles responsabilidades administrativas y penales.
Mientras que, durante el Encuentro Nacional 2026 en Guanajuato, evento reunió durante tres días a empresarios, especialistas y líderes regionales, el presidente de la COPARMEX, puntualizó que la legitimidad democrática exige la confianza de la sociedad en las autoridades electorales.
En ese sentido, subrayó que la próxima renovación de la presidencia del máximo organismo electoral del país debe concretarse mediante un proceso transparente, independiente y fundamentado en perfiles técnicos.
