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Juan R. Hernández
Ciudad de México.– La toma de las oficinas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) por un grupo de al menos 22 personas presuntamente armadas y encapuchadas desató una nueva polémica sobre el papel de organizaciones e intermediarios que operan en torno a la vivienda social.
Trabajadores denunciaron amenazas, agresiones y restricciones para abandonar las instalaciones, mientras ciudadanos relataron presuntos cobros irregulares para acceder a programas habitacionales, por lo que exigieron garantías de seguridad y una investigación que identifique a los responsables.
Cabe señalar que durante la manifestación fueron señalados Penélope y Gustavo Franco, identificados como dirigentes del predio La Peñaloza, por presuntamente exigir un dictamen jurídico condicionado y al no obtenerlo bloquearon la salida de empleados como modo de presión.
Organizaciones en la mira
El conflicto también puso bajo escrutinio a intermediarios que se amparan en nombres de organizaciones como la Asamblea de Barrios, Frente Popular Francisco Villa, Movimiento Urbano Popular, UPREZ y Antorcha Popular, entre otras para gestionar vivienda.
Carmen y Elvia, dos denunciantes, relataron a Diario Basta que presuntos gestores vinculados con organizaciones de vivienda, les exigían pagos de 90 pesos por “pasar lista” hasta tres veces por semana, además de un anticipo de 10 mil pesos para afiliarse a la organización e iniciar los trámites.
Sin embargo, lo que les pedían era participar en marchas y protestas, y en caso de no hacerlo, se les aplicaba una sanción de mil pesos, la cual se deducía del enganche de 10 mil pesos o en caso de no asistir, se les descontaba de ese fondo, ante ello, quienes cuestionaban los trámites, afirmaron, eran expulsados y podían perder sus aportaciones.
PAN y Morena se confrontan
La irrupción en el (INVI, detonó un enfrentamiento político entre legisladoras del PAN y Morena quienes en entrevista con Diario Basta discreparon sobre el origen y las responsabilidades de los hechos.
La diputada panista Liz Salgado condenó la toma de las instalaciones y advirtió que la protesta social no puede convertirse en un mecanismo de presión que vulnere la legalidad ni ponga en riesgo a trabajadores y ciudadanos.
Sostuvo que la irrupción representa una grave afectación al Estado de derecho y acusó que algunas organizaciones utilizan la demanda de vivienda para obtener beneficios políticos mediante “cuotas y cuates”.
La legisladora señaló que la discusión sobre vivienda social es legítima ante el déficit habitacional que enfrenta la capital, pero subrayó que invasiones, ocupaciones irregulares o actos de intimidación no pueden ser tolerados.
Además, pidió al Gobierno capitalino crear mecanismos para que los apoyos lleguen de manera directa a jóvenes, madres solteras, personas con discapacidad y otros sectores vulnerables, sin intermediarios.
En contraste, la diputada de Morena Brenda Ruiz responsabilizó a sectores de la oposición de promover actos de violencia con fines de desestabilización política. La morenista afirmó que grupos vinculados a la derecha han recurrido a este tipo de acciones ante la pérdida de respaldo ciudadano y no descartó que los responsables de la irrupción hayan sido infiltrados o “sembrados” para generar confrontación.
Ruiz consideró prematuro emitir conclusiones definitivas y llamó a esperar el resultado de las investigaciones oficiales antes de deslindar responsabilidades.
