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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Víctimas de las detenciones arbitrarias realizadas durante la manifestación del pasado 11 de octubre al exterior de Casa Jalisco, sede del gobierno estatal, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga las indagatorias por lo que consideran, violaciones a sus derechos humanos, entre las que se encuentran posibles agresiones, uso excesivo de la fuerza e irregularidades en los procedimientos mientras se efectuaron los arrestos.
Entre los solicitantes se encuentran José Francisco Salazar, profesor de Derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y abogado de cuatro personas afectadas; señaló que presentó una denuncia en contra de las autoridades estatales ante la FGR y otra ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al llamado se sumó el presidente del Consejo Político de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí, quien dijo, pedirá que la Fiscalía realice las investigaciones correspondientes por las detenciones del domingo 18 cuando un grupo de encapuchados dañaron el Palacio de Gobierno y que posteriormente fueron liberados.
Salazar González puntualizó que las víctimas recurrieron a instancias federales ya que no confían en las autoridades estatales, consideran que no realizarán una investigación los hechos de manera imparcial.
Dijo que ese día los detenidos fueron amenazados para que no presentarán la denuncia conducente.
Las denuncias de los afectados van encaminadas a que se indague la actuación de los elementos de seguridad estatal y municipal que participaron en las detenciones y se determinen las posibles responsabilidades.
Cabe recordar que por medio de una denuncia anónima, uniformados señalaron que recibieron órdenes de Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad estatal, y Juan González Castañeda, Comisario General de la Secretaría de Seguridad para realizar las detenciones.
Sobre la libertad de los encapuchados, Lomelí Bolaños indicó que se trata de saber quiénes eran, de dónde venían, quién ordenó que se les liberara, bajo qué criterio, que el gobierno estatal salga a decir dónde están las carpetas o quién las hizo.
