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La emergencia sanitaria exhibe la falta de alternativas para disponer de los residuos, pese a que el gobierno federal presumió a la entidad como referente de economía circular
Redacción
La emergencia ambiental en Tlaxcala puso en entredicho la estrategia de manejo de residuos impulsada por la gobernadora morenista Lorena Cuéllar, luego de que la saturación del relleno sanitario de Atlangatepec provocara retrasos y suspensiones en la recolección de basura en más de 49 municipios.
La activista Lucía Hernández cuestionó que las autoridades estatales busquen soluciones hasta que la crisis alcanzó a prácticamente toda la entidad, pese a que desde 2025 existían órdenes de clausura para sitios de disposición final y la administración conocía los problemas que enfrentaban estas instalaciones.
El 15 de octubre de 2026, el gobierno estatal publicó una declaratoria de emergencia ambiental ante la saturación del relleno sanitario Morelos, en Atlangatepec, que recibía residuos de los 60 municipios. La medida facultó a la Secretaría de Medio Ambiente para establecer acuerdos con ayuntamientos, empresas y otras entidades, así como agilizar procedimientos para atender la contingencia.
El problema contrasta con el discurso oficial de junio pasado, cuando la secretaria federal de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reconoció a Tlaxcala como referente nacional en la transición hacia la economía circular. La funcionaria destacó entonces los avances para clausurar los cuatro sitios de disposición final del estado y transitar hacia un modelo sustentable.
Sin embargo, el cierre de instalaciones como las de Huamantla y Panotla, sumado a las limitaciones operativas de otros sitios, concentró la presión sobre Atlangatepec. El programa estatal de residuos estimó que diariamente se destinan alrededor de mil 736 metros cúbicos de desechos a disposición final.
Al 23 de octubre, el gobierno estatal todavía analizaba alternativas para garantizar el servicio a partir del 1 de noviembre, pues el cierre de Atlangatepec estaba previsto para el día 31. Entre las opciones figuran trasladar los residuos a sitios autorizados dentro o fuera de Tlaxcala e instalar estaciones de transferencia.
Para Hernández, la contradicción es evidente: el modelo presentado como ejemplo nacional ahora depende de conseguir infraestructura para recibir la basura que el propio estado no puede gestionar.
