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Vergonzoso lo sucedido el domingo en la llamada “marcha por el agua”. Vergonzosa la respuesta del gobierno estatal al gasear y repeler con violencia a los manifestantes.
El gobernador ha atribuido la represión y detenciones indiscriminadas a lo provocado por unas “400 personas del llamado bloque negro”; responder con violencia y represión nunca puede ser la justificación a una justa protesta ciudadana, sobre todo cuando la convocatoria era familiar.
400 “reventadores” es una cifra que el gobernador no puede demostrar, es indudable que como en todas las marchas, haya reventadores, pero ni fue esa cantidad ni la violencia la iniciaron ellos, hay decenas de videos circulando tomados en vivo, que demuestran que las agresiones vinieron desde la fuerza pública.
Lo que ha hecho el gobernador Pablo Lemus es criminal, al dejar que un problema que ya sabía que existía cuando tomó el cargo y conocía las omisiones de Enrique Alfaro al respecto y tampoco hizo nada para remediarlo, más allá de retórica y propuestas de privatización.
Sin embargo, lo que pasa en Guadalajara es lo que puede suceder en cada punto del país si no se detienen y regulan los centros de datos, que requieren agua potable para su funcionamiento porque hacerlos operar con agua tratada “es muy caro”; existen entre 144 y 160 centros en el país, ubicados en Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Jalisco, en este último existen 12 y habrá más, todos operando bajo un vacío legal regulatorio porque están clasificados en el rubro de “servicios” y no como industria pesada; la industria, concesionaria de millones de litros de agua pura al día; la minería, otra fuente de extracción indiscriminada, a esto se suman las concesiones indiscriminadas a particulares que aún subsisten, pese a la regulación que la presidenta Sheinbaum ha ordenado.
Lo sucedido en Jalisco no es más que el inicio de una bola de nieve que puede abarcar a todo el país si los respectivos gobiernos estatales y el federal no se comprometen seriamente a una reforma que verdaderamente limite a la industria, particulares abusivos, funcionarios corruptos que trafican con el agua, uno de los crímenes de lesa humanidad más terribles que puede existir, y entonces, ni la mejor y más coordinada represión, ni los pretextos de bloques negros ni cualquier justificación podrá detener a la horda enfurecida.
¿Y qué hará ahora Lemus? ¿seguirá pateando el bote ahora que cambió la conversación a los supuestos 400 reventadores? Es claro que los jaliscienses no aceptarán la privatización y tendrá que buscar soluciones tan claras como el agua que merecemos todos para subsistir.
Ana María Vázquez
Dramaturga/Escritora
@Anamariavazquez
