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Por Hugo Torres
En Benito Juárez, diputados del PAN parecen haber encontrado una nueva estrategia política: sembrar miedo, distorsionar información y convertir cualquier discusión pública en una oportunidad para golpear a Morena. Su más reciente bandera es el supuesto “predialazo”, una amenaza que sus diputados han utilizado para alarmar a las familias y presentar como inminente un cobro que el Gobierno de la Ciudad ha negado.
Diego Garrido y sus compañeros panistas hablan de despojo, embargos y aumentos como si ya fueran una realidad. Pero la política no puede construirse a partir de advertencias alarmistas. Si tienen pruebas, que las presenten completas; si tienen propuestas, que las defiendan con argumentos. Lo que no se vale es utilizar el patrimonio de las familias como instrumento de propaganda.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue contundente: no habrá aumento al predial. Además, la Sedatu anunció modificaciones al documento para eliminar las ambigüedades que alimentaron la controversia. Eso demuestra que las dudas deben atenderse con transparencia, no convertirse en combustible para una campaña de miedo.
Y mientras el PAN se autoproclama defensor de los vecinos, en Benito Juárez hay otra contradicción que no podemos ignorar: las denuncias sobre intentos de reventar foros de participación y las agresiones señaladas durante estos encuentros. Si alguien acudió a expresar sus preocupaciones y terminó intimidado o agredido, debe investigarse. La participación ciudadana no puede depender de si las opiniones favorecen o incomodan a un partido.
¿Con qué autoridad moral quienes han sido cuestionados por su relación política con el desarrollo inmobiliario pretenden erigirse en guardianes absolutos del patrimonio? El historial del llamado cártel inmobiliario en Benito Juárez obliga, cuando menos, a exigir explicaciones y congruencia a quienes hoy se envuelven en la bandera de la propiedad privada.
El PAN no puede vivir eternamente de las mismas recetas: fabricar enemigos, exagerar riesgos y montarse en las causas vecinales cuando le conviene. Defender a la gente exige escucharla, informar con honestidad y asumir responsabilidades; no usar su incertidumbre como trampolín político.
Desde Morena tenemos la obligación de informar, corregir lo que genere dudas y abrir espacios donde los vecinos sean escuchados de verdad. No pedimos un cheque en blanco, sino una discusión basada en hechos.
Porque una cosa es hacer oposición y otra muy distinta es hacer negocio político con el miedo. Benito Juárez merece representantes que resuelvan, no dirigentes que necesiten sembrar alarma para justificar su existencia.
