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JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del INEGI reveló que entidades como Tlaxcala (42 unidades), Oaxaca (36), Hidalgo (72) y Zacatecas (80) concentran los mayores rezagos en la impartición de justicia, muy por debajo de estados como Jalisco (452) o Guanajuato (348). Al cierre de 2025, el país contó con 117 mil 810 servidores públicos adscritos a fiscalías, pero la distribución es desigual: mientras la CDMX concentra más de 14 mil trabajadores, Tlaxcala apenas alcanza 872.
La falta de autonomía agrava el panorama: seis fiscalías estatales aún no ejercen funciones como órganos constitucionales autónomos, lo que limita su independencia frente a los poderes locales. Además, de las 3 mil 610 agencias ministeriales, más de la mitad son mixtas o generales, pero las especializadas en delitos de alto impacto siguen siendo escasas: 115 en homicidios y 136 en feminicidios.
El cuello de botella es monumental: Guanajuato cerró 2025 con 416 mil 617 procedimientos pendientes, la CDMX con 347 mil 530, Jalisco con 347 mil 525, Baja California con 197 mil 140, Coahuila con 195 mil 910 y el Estado de México con 190 mil 411. En total, quedaron 2 millones 916 mil 624 procedimientos sin concluir.
El contraste es brutal: Guanajuato abrió 161 mil 902 carpetas en 2025, pero terminó con más de 416 mil pendientes; la CDMX inició 210 mil 384, frente a 347 mil 530 sin concluir; Jalisco abrió 114 mil 417, pero arrastró 347 mil 525. El Estado de México encabezó la apertura con 350 mil 224 carpetas, aunque cerró con 190 mil 411 pendientes.
Otro dato golpea directamente la expectativa de justicia: de las carpetas abiertas, 1 millón 255 mil 373 (60.8%) fueron registradas sin persona imputada. Es decir, seis de cada diez investigaciones comenzaron sin alguien identificado.
El INEGI advierte que la procuración de justicia enfrenta un reto estructural: millones de procedimientos permanecen abiertos mientras nuevas denuncias siguen engrosando la carga de las fiscalías, evidenciando un sistema incapaz de garantizar derechos básicos.
