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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que luego del anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de la sanción a 46 sujetos, 21 personas físicas y 25 morales, decidió congelar las cuentas de los señalados, entre los mencionados se encuentra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila y el hermano de éste, Luis Alfonso.
La decisión del bloqueo se dio en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por los señalamientos de Estados Unidos en un entramado de narcocorrupción ligada al Cártel de Sinaloa.
Torres Torres, expareja sentimental de la mandataria bajacaliforniana Ávila Olmeda, y su hermando habría incurrido en lavado de dinero por medio de diversas empresas y a través de campañas políticas.
La SHCP indicó que la UIF, a partir de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados se llevó a cabo el análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción.
“En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo”, expuso.
De tal modo que la UIF determinó la incorporación de los sujetos incluidos en la designación de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como una medida preventiva de carácter administrativo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
Entre los señalados por EU están Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”; miembros de su círculo más cercano, además de personas identificadas como líderes de varias células con sede en Tijuana, otros más señalados de ser lavadores de dinero y políticos a los que el Departamento del Tesoro imputa por corrupción y de permitir que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
