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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La senadora y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, está envuelta en un escándalo mayúsculo, pues es señalada de recibir una millonaria cantidad de dinero por la venta a sobreprecio de un terreno desde una empresa considerada como fantasma la cual, además, habría sido sancionada.
La trama fraudulenta se dio el 11 de enero de 2011, cuando Viggiano Austria, adquirió un predio de siete hectáreas a un comerciante identificado como Simón Alonso Galindo, en el municipio de Zempoala, Hidalgo, por dicha transacción pagó 2 millones de pesos, según consta en la escritura 20491, emitida por la Notaría Pública 18 de Pachuca del acuerdo comercial con número 56 Z-1 P2/2.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, tras dejar su tercera diputación federal en 2018, el mismo terreno lo vendió a la empresa Jergui S.A. de C.V. en 17 millones 900 mil pesos, es decir, 15.9 millones de pesos superior a lo que lo había comprado; la firma se constituyó, con dos socios, los hermanos Omar Guillermo y Enrique Segura Zerecero, de forma legal el 18 de octubre de 2013, según consta en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, cuyo titular era Idelfonso Guajardo, durante la administración del priísta Enrique Peña.
Los reportes señalan que la compañía realizó siete pagos, primero fue una transferencia por cinco millones de pesos a la cuenta 0448186979 de BBVA, dicha acción se realizó el día de la firma del contrato de compraventa; posteriormente se efectuaron cinco pagos mensuales con montos de dos millones de pesos cada uno; por último, un pago de dos millones 900 mil pesos.
La totalidad de los pagos fueron consignados en el sistema financiero mexicano.
Cabe precisar que en 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificó a Jergui S.A. de C.V. como Persona Moral Riesgo y contribuyente identificado en los modelos de riesgo, al ser considerada como posible candidata a operaciones simuladas y susceptible de ser auditada. La firma fue vinculada con investigaciones oficiales con un esquema de simulación de competencia y alianzas con otras compañías para obtener contratos gubernamentales millonarios; fue catalogada como una “empresa fantasma” y su registro de proveedores fue cancelado de forma definitiva por la Contraloría del Estado de Hidalgo en 2023.
