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El Presupuesto Participativo, creado para que los vecinos decidan directamente qué obras requieren sus colonias, terminó convertido en una bolsa para atender parte de los rezagos de infraestructura urbana que corresponden a las propias alcaldías.
El señalamiento cobra relevancia en demarcaciones gobernadas por el PAN, como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, donde los alcaldes Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega han presumido proyectos financiados con recursos participativos para intervenir calles, banquetas, iluminación y otros espacios públicos.
Tabe, por ejemplo, impulsó el programa “Peso a Peso”, mediante el cual Miguel Hidalgo aporta recursos adicionales cuando los vecinos destinan su Presupuesto Participativo a obras como repavimentación, banquetas y alumbrado. El propio alcalde ha defendido el esquema y planteado que sea replicado en otras demarcaciones.
En Cuauhtémoc, Rojo de la Vega también ha promovido el uso del Presupuesto Participativo para atender necesidades de calles, parques, banquetas, drenaje e iluminación. La propia alcaldía ha informado que los vecinos deciden el destino de estos recursos para mejorar el entorno urbano.
El problema, de acuerdo con la diputada Liz Salgado, es que no basta con que el dinero sea ejercido: debe comprobarse que los proyectos elegidos por los habitantes realmente se ejecuten y concluyan en los términos aprobados.
Al presentar un Punto de Acuerdo ante el Congreso capitalino, la legisladora pidió a las 16 alcaldías entregar información verificable sobre los proyectos de Presupuesto Participativo de 2025 y 2026, incluidos montos asignados, comprometidos, devengados y ejercidos, así como avances físicos y financieros, fechas de inicio y conclusión y posibles modificaciones o retrasos.
Salgado advirtió que existen diferencias entre proyectos reportados en la Cuenta Pública 2025 con avances físicos y financieros de 100 por ciento y obras que todavía se ejecutaban durante 2026.
Puso como ejemplo el proyecto de mejoramiento integral de imagen urbana de Canutillo Predio La Presa, en Álvaro Obregón, por más de 368 mil pesos. De acuerdo con documentación presentada por vecinos ante el Órgano Interno de Control, los trabajos comenzaron en abril de 2026 y, según una revisión ciudadana del catálogo de conceptos, se habría ejecutado una proporción considerablemente menor a la reportada oficialmente.
“Avance financiero y avance físico no son lo mismo”, sostuvo Salgado, al advertir que el Presupuesto Participativo no debería darse por cumplido simplemente porque se pagó una factura.
El reclamo abre también la discusión sobre el destino de estos recursos: mientras las alcaldías tienen entre sus tareas atender servicios e infraestructura urbana, el dinero que los vecinos deciden mediante consulta termina financiando obras como repavimentaciones, banquetas o alumbrado.
Con 2025 todavía bajo revisión y los ejercicios 2026 y 2027 votados de manera conjunta, la exigencia es que los gobiernos locales transparenten qué obras fueron realmente concluidas y cuánto dinero se ha destinado a ellas.
El reto, más allá del discurso de los gobiernos panistas sobre “más inversión” en las colonias, es determinar cuánto de ese dinero representa una decisión extraordinaria de los vecinos y cuánto termina sustituyendo recursos que las propias alcaldías deberían destinar a mantener y mejorar su infraestructura urbana.
Ana E. Rosete
