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La información del exsecretario de Marina permanecía reservada hasta 2030 bajo el argumento de seguridad nacional, la FGR informó que no había podido localizar al almirante en retiro para que rindiera declaración como testigo
Ana E. Rosete
El blindaje sobre el patrimonio del almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán comenzó a caer. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció la desclasificación de la declaración patrimonial del exsecretario de Marina, cuya información permanecía fuera de consulta pública y estaba reservada hasta el 1 de enero de 2030.
La reserva había sido determinada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Marina bajo el argumento de que revelar información sobre bienes, cuentas y patrimonio podía comprometer la seguridad nacional y poner en riesgo a integrantes de la institución y sus familias.
La decisión de abrir la información ocurre en medio de la controversia que rodea al exjefe de la Marina por el caso de una presunta red de contrabando de combustible en aduanas marítimas, investigación en la que están señalados sus sobrinos políticos, los exmarinos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna.
Ojeda Durán fue citado como testigo en la audiencia de imputación de Fernando Farías Laguna, realizada el pasado 28 de agosto. Sin embargo, la Fiscalía General de la República informó que no había logrado localizarlo en su domicilio para cumplir con la citación.
El caso cobró mayor relevancia porque el exsecretario continúa vinculado institucionalmente con la Secretaría de Marina. De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia, Ojeda permanece en activo como asesor del alto mando naval, un cargo honorario que los exsecretarios pueden desempeñar después de concluir su gestión. La propia Marina señaló que el almirante recibe la remuneración correspondiente a su grado.
La reserva de su patrimonio había generado cuestionamientos entre especialistas en transparencia. Excomisionados del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señalaron que las declaraciones patrimoniales cuentan con una versión pública y que sólo determinados datos personales pueden ser protegidos.
En tanto, Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI, cuestionó que se utilizara el argumento de seguridad nacional para impedir el acceso a información como ingresos y propiedades.
La Secretaría Anticorrupción administra actualmente DeclaraNet, plataforma mediante la cual las personas servidoras públicas federales presentan sus declaraciones patrimoniales y de intereses. El gobierno federal señala que las versiones públicas forman parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Con la desclasificación, el patrimonio declarado por Ojeda podrá ser sometido al escrutinio público después de permanecer protegido durante años. La apertura no implica por sí misma que exista alguna irregularidad en sus bienes o ingresos, pero permitirá conocer la información que hasta ahora permanecía reservada.
