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M. Flores / Grupo Cantón
Ciudad de México. – Uno de los contratos más grandes que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) que preside la consejera Guadalupe Taddei, rebasó los 530 millones de pesos para que los funcionarios de esta dependencia puedan usar vehículos, pero la empresa beneficiada mantiene un historial reciente de constantes irregularidades observadas por entes fiscalizadores.
En los reportes trimestrales de 2026 que presentó el INE, se encuentra el registro del contrato por el cual la institución solicitó a la empresa Jet Van Car Rental S.A. de C.V. por el objeto “Servicio Integral de Arrendamiento del parque vehicular que requiere el Instituto Nacional Electoral para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana itinerantes”, por un monto total de hasta 530 millones 446 mil pesos.
El contrato precisa que el presupuesto anual para este tipo de gasto supera la capacidad real de la institución, por lo que en los próximos años el INE abonará cerca de 132 millones de pesos. La versión pública del documento precisa que los vehículos solicitados son tipo pickup de la marca RAM y Mitsubishi modelo 2025 de doble cabina.
El INE justificó que el gasto es necesario para tener capacidad operativa y a pesar de que la contratación se realizó mediante un concurso de licitación pública, la empresa seleccionada fue la polémica Jet Van Car Rental. Esta firma fue inhabilitada temporalmente en 2021 por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y multada por 1 millón 430 mil pesos por el incumplimiento de contratos con el Servicio de Protección Federal.
Hasta 2024 la empresa fue evitada por la administración pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una inspección a Jet Van Car Rental por daños a la cuenta pública en casi 8 millones de pesos al no comprobar la ubicación y custodia de vehículos rentados por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). También la ASF ha solicitado se revisen procesos de licitación en los que había participado junto a la empresa Forza Arrendadora Automotriz, por posible simulación de competencia, ya que ambas empresas tenían a los mismos representantes legales, lo que favorecía a una competencia desleal frente a otros proveedores.
