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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La administración municipal de Naucalpan enfrenta un momento crítico luego de que circularan en redes sociales y plataformas digitales diversos materiales audiovisuales donde se observan presuntos actos de abuso de autoridad cometidos por elementos de la policía local. Las grabaciones, cuya autenticidad no ha sido desmentida por las autoridades, muestran escenas de extorsión, agresiones físicas y trato vejatorio contra ciudadanos durante operativos de tránsito y seguridad.
En respuesta a la creciente presión social y mediática, el presidente municipal Isaac Montoya anunció el fortalecimiento de los mecanismos de control interno a través de la denominada Policía Ética, un cuerpo especial creado hace ocho meses que ahora cobra relevancia como principal herramienta de supervisión. El edil aseguró que su gobierno no tolerará conductas irregulares y que todas las denuncias serán investigadas con rigor, aunque la aparición de los videos coloca a la corporación en el ojo del huracán y obliga a acelerar los procesos de depuración.
La unidad anticorrupción, conformada por veinte agentes con uniforme distintivo verde y gris, tiene la encomienda de vigilar el desempeño de los policías en activo, acompañar operativos territoriales y documentar cualquier desviación de los procedimientos establecidos. Estos oficiales portan cámaras corporales que registran sus intervenciones, lo que, según fuentes oficiales, permite contar con evidencias objetivas para sustentar quejas ciudadanas y procedimientos internos.
Hasta el momento, el ayuntamiento reporta que la Policía Ética ha atendido cerca de trescientos reportes ciudadanos, los cuales derivaron en expedientes que involucran a decenas de uniformados. Como resultado de estas investigaciones, ocho agentes fueron sentenciados por delitos como robo agravado y abuso de autoridad, con penas que oscilan entre dieciséis y cuarenta años de prisión.
Además, la Comisión de Honor y Justicia ha determinado la baja definitiva de más de ciento sesenta elementos que no acreditaron los estándares éticos exigidos por la institución. Esta cifra representa una depuración sin precedentes en la historia reciente de la corporación municipal, aunque críticos del gobierno local señalan que las acciones correctivas llegan tarde y solo como reacción a la difusión de los videos que evidencian la gravedad de los abusos. Montoya subrayó que la administración mantiene una política de cero tolerancia, y que ningún oficial que incurra en prácticas corruptas o violentas quedará impune.
Sin embargo, la oposición política ha cuestionado la efectividad de los mecanismos de control, argumentando que la creación de la Policía Ética no ha sido suficiente para frenar las arbitrariedades que ahora son del dominio público.
